500 obras tuvieron que pasar declaración de impacto ambiental en la etapa de Gallardón

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere soterrar seis kilómetros de la M-30 y remodelar los otros 26. Es su obra estrella. Y para que los trámites no se eternicen, quiere que esta actuación se libre de declaración de impacto ambiental. A mediados de los años noventa, José Caballero metió a sus 400 ovejas en unas naves que había levantado en una finca de su propiedad en Navalcarnero. La Comunidad le cerró las naves porque éstas carecían de ese permiso medioambiental. Desde 1995, más de 500 actividades, entre las que hay reformas de carreteras, necesitaron superar ese trámite.

Desde 1995, la Comunidad de Madrid ha exigido más de 500 declaraciones de impacto medioambiental para todo tipo de actividades: granjas escuela, variantes de carreteras, desvíos de vías, granjas de caballos, campos de tiro al plato, ampliaciones de graveras, duplicaciones de calzadas... y hasta la instalación de una carpa para celebración de bodas en la finca La Granjilla, situada en El Escorial, propiedad de Esperanza Aguirre, hoy presidenta de la Comunidad, y su familia. Así consta en una respuesta del Gobierno regional a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista.

Todos estos proyectos han necesitado presentar una documentación en la Consejería de Medio Ambiente, sufrir inspecciones técnicas y resentirse de demoras que atrasaron los planes de los promotores. "En mi caso", recuerda Caballero, "hubo retrasos de más de dos años, con muchos mareos y paseos de Navalcarnero a Madrid y de Madrid a Navalcarnero para ponerlo todo en orden".

Estas demoras y retrasos son los que quiere evitar el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, para acometer la obra estrella de esta legislatura: la reforma de la M-30 y el soterramiento de seis kilómetros de esta vía, en el tramo próximo al Manzanares. A fin de evitarse con la M-30 los retrasos que inevitablemente acompañan a una declaración de impacto medioambiental, el alcalde ha pedido a Aguirre que le exima de este trámite.

La Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental, de la Comunidad dicta que entre los "proyectos y actividades de obligado sometimiento a evaluación de impacto ambiental" figura, entre otros, "la modificación de trazado, el acondicionamiento o el ensanche de cualquier tipo de carretera existente cuando afecten a tramos con una longitud acumulada, igual o superior a 5 kilómetros".

Trámite

Entre los más de 500 proyectos y obras que han necesitado solventar este trámite, el PSOE recuerda dos ejemplos que, en su opinión, son equiparables a la reforma que el Ayuntamiento quiere acometer en la M-30: la construcción de un tercer carril en la carretera M-607, que une esta vía con la M-40, y la remodelación de las carreteras M-607, M-615 y M-623, las tres a su paso por la localidad de Moralzarzal. Las dos obras se llevaron a cabo en el año 2000, después de que la Consejería de Medio Ambiente emitiera una declaración medioambiental positiva y de sufrir los correspondientes retrasos a la espera del permiso.

La reforma de la M-30 prevé el soterramiento parcial de la vía, además de varios nuevos enlaces y túneles en determinados puntos del anillo encaminados a aumentar la fluidez del tráfico y a que disminuyan los accidentes de tráfico. Sin duda, el soterramiento es el aspecto más atractivo de esta megaobra. La intención del alcalde es que esta zona de la ciudad, que actualmente se compone, en líneas generales, de una autopista llena de coches y un río infrautilizado se convierta, cuando todo esté terminado, en una alfombra verde al lado del Manzanares. La intención del alcalde, según ha confesado varias veces, es que la ciudad recupere su río, al que en la actualidad le da la espalda.

Para la oposición municipal (PSOE e IU) está claro que una reforma de tal envergadura está afectada por el artículo antes citado de la Ley de Evaluación Ambiental y que, por lo tanto, el Ayuntamiento debe someterse a una declaración de impacto antes de acometer la obra. No opinan así los responsables municipales, que han recurrido a un matiz legal para pedir al Gobierno regional que le libere de este trámite: en puridad, sostiene el equipo del alcalde, la M-30 ya no puede considerarse una carretera de la región, sino una calle más de la ciudad, y por lo tanto, susceptible de librarse del engorroso deber de someterse a la declaración de impacto.

Traspaso a Fomento

Los responsables del Ayuntamiento recuerdan que el Ministerio de Fomento traspasó, el pasado 20 de febrero, esta vía al municipio y, además, se comprometió a darle 53 millones de euros para su conservación. Después de eso, el equipo de Gallardón considera que la M-30 ha pasado a ser una calle más de la capital, perdiendo su carácter de carretera.

La Comunidad ha decidido enviar al Consejo de Estado la documentación pertinente a fin de que sea este organismo el que dictamine si la M-30 es una calle o una carretera, y así especificar si su reforma debe o no someterse a una declaración de impacto ambiental.

Las obras, según un informe municipal, generarán un movimiento de tierras de 3,7 millones de metros cúbicos, resultado de excavar un túnel de casi seis kilómetros entre la avenida del Marqués de Monistrol, en el límite de la Casa de Campo, y el nudo sur: una gigantesca montaña de escombros cuyo fin y depósito aún no está decidido. Los trabajos también generarán mucho ruido. Y cuando la reforma esté terminada, este mismo informe advierte de que "la zona exterior de la actuación" soportará más estruendo por el aumento del número de coches.

Modesto Nolla, diputado del PSOE, ha criticado que Ruiz-Gallardón, a pesar de esto, "intente, una y otra vez, librarse de hacer la declaración de impacto ambiental".