SOS Racismo denuncia un aumento de la xenofobia en 2003

"El nivel que alcanza el racismo en una sociedad es un indicador general de la calidad democrática y del grado de respeto de las libertades". Según el enunciado del primer párrafo del Informe Anual 2004 de SOS Racismo que analiza la situación de España en este ámbito hasta diciembre pasado, y estudiando su contenido, el suspenso en democracia de nuestro país es "grave", según los responsables de esta organización.

Isabel Martínez, coordinadora técnica del informe, afirmó durante su presentación que el respeto a los derechos de los ciudadanos es "el más bajo" desde que hace nueve años comenzaran a publicarlo, lo que ilustra el documento con multitud de denuncias recogidas por la ONG. "En 2003 se han recortado con gran impunidad los derechos y libertades en aras de una supuesta mayor seguridad, lo que ha afectado a los colectivos más vulnerables: inmigrantes y gitanos". Martínez denunció el uso electoralista de la inmigración que hacen "algunos políticos". "Se relaciona inmigración con delincuencia; se dice que es una amenaza contra la identidad cultural y la causa de los problemas sociales, y esto causa xenofobia".

El Ministerio del Interior reconoce que ya hay más de 800.000 inmigrantes irregulares en España, un 30% más que en 2002. Son inmigrantes "explotados, sin derechos, que están en el callejón sin salida de la tercera reforma de la Ley de Extranjería, la 14/03, que impide la regularización de un modo general". Se trata de personas "atemorizadas" porque la policía puede acceder a los datos del padrón a partir de esta enmienda. "Si los derechos están hoy de rebajas, los de los extranjeros están en liquidación", resume el informe.

Respecto a los gitanos, Martínez afirmó que sufren un "racismo por omisión", lo que se aprecia en el aumento de denuncias por discriminación en asuntos de vivienda y de derecho de admisión a locales de esparcimiento. Los gitanos extranjeros, principalmente rumanos, estarían recibiendo un peor trato debido a esta doble condición.

Peticiones al Gobierno

Diego Lorente, portavoz de la organización, pidió a la nueva secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, medidas concretas para mejorar la vida de los extranjeros en situación irregular: "Regularización por el trabajo, derogación de la ley 14/03 de Extranjería y negar el acceso discrecional de la policía al padrón".

La primera de estas reivindicaciones pretende conseguir que se habilite a los empresarios para la contratación de inmigrantes que ya estén en España, sin que se vean obligados a volver a sus países de origen para solicitar un visado como ocurre actualmente.

En cuanto a la ley 14/03, la ONG pretende que se derogue directamente, no que se pacte su desarrollo reglamentario con las organizaciones sociales como ofrece el Gobierno, dado que el PSOE apoyó la aprobación de dicha ley el año pasado.

SOS Racismo pretende también que se derogue la ley 8/2000, que "anuló derechos fundamentales de los inmigrantes como el de reunión", sin esperar la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.