El líder del PNV subraya que ha quedado fuera de duda la legalidad del debate sobre el nuevo Estatuto

El PNV se siente mucho más fuerte desde el fallo del Tribunal Constitucional contrario a suspender la tramitación parlamentaria del plan Ibarretxe. La resolución del alto tribunal dio pie ayer al presidente peneuvista, Josu Jon Imaz, a dar por cerrado el debate sobre la legalidad o no del procedimiento seguido por el Gobierno vasco para tramitar un nuevo Estatuto. Lo que permitirá, añadió, entrar en el fondo de la propuesta política. En ese sentido, Imaz reiteró ayer al PSE que traslade su propuesta de reforma del Estatuto al Parlamento y se sacuda de su espalda al PP. "Queremos conocer los contenidos de su modelo: qué piensan de las selecciones nacionales deportivas, de la gestión desde el punto de vista económico de la Seguridad Social, de la presencia vasca en los órganos de decisión de la UE", detalló. Jesús Eguiguren, representante socialista en la ponencia del Parlamento vasco que discute el plan Ibarretxe, que ayer reanudó sus sesiones, también dio carpetazo a esa petición del PNV

: "Eso ya lo hicimos en la Comisión de Autogobierno y se nos rechazó. Si quieren otro tipo de participación por nuestra parte, que inicien otro tipo de proceso".

El PNV respondió ayer a la oferta realizada la víspera por el líder del PSE, Patxi López, en torno a la reforma estatutaria y a abrir un proceso de traspaso de las 37 competencias pendientes. Imaz pidió que no se "confundan las cosas": una cosa es la discusión del plan Ibarretxe, que corresponde a los partidos en la ponencia, y otra culminar el Estatuto, tarea de Gobiernos.

Aprovechó para recordar que de estos 24 años de "incumplimiento" del Estatuto de Autonomía, "14 fueron con Gobiernos socialistas". El presidente del PNV aseguró que el nuevo ministro de Administraciones Públicas encontrará "en algún cajón de su despacho" decretos de transferencias listos ya para firmar. Obvió, sin embargo, en su explicación del parón estatutario las diferentes interpretaciones que socialistas y nacionalistas han mantenido en determinadas competencias -por ejemplo, sobre el régimen económico de la Seguridad Social- como reflejó el informe de transferencias de 1995.

La vicepresidenta, Idoia Zenarruzabeitia, defendió ayer ante la ponencia parlamentaria la necesidad del plan para, sobre el pilar básico del derecho a la autodeterminación, abordar "la segunda transformación económica" de Euskadi. Insistió en que los pilares son "la existencia de la nación y el pueblo vasco" y su derecho a la autodeterminación. Proclamó que no busca crear "un Estado dentro del Estado español", pero reclamó "una relación de igual a igual". El informe gubernamental entregado ayer a los parlamentarios sostiene que "Euskadi ha perdido 15 años", lo que ha tenido "unos costes económicos", que no cuantifica.

Zenarruzabeitia afirmó que espera reunirse pronto con miembros del Gobierno central para llegar a acuerdos sobre las diferencias respecto a la liquidación del Cupo.