Un policía, condenado a 10 meses de prisión por robar 16 teléfonos móviles

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 10 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de todo cargo público durante el tiempo que dure la condena a Pedro Herminio M. P., un policía nacional de 50 años de edad que en abril de 2000 sustrajo 16 teléfonos móviles requisados judicialmente y almacenados en la comisaría de Chamberí, donde el agente estaba destinado en el momento de la sustracción.

Así lo acuerda una sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia madrileña que considera al procesado autor de un delito intentado de robo con fuerza en las cosas y le condena también a que indemnice con 1.500 euros a la compañía dueña de los terminales, Phones International Limited.

Según narra la resolución judicial, que aún no es firme, el 24 de abril de 2000, en diligencias policiales seguidas por funcionarios de la comisaría de Chamberí, se incautaron varias cajas de celulares que habían sido sustraídas a la citada empresa y que estaban almacenadas en el depósito de dichas dependencias, a disposición del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid.

El acusado, que tenía conocimiento de la incautación de los teléfonos según la sentencia, se dirigió en la madrugada del 8 de mayo hasta la sala donde éstos estaban guardados bajo llave y, con la intención de beneficiarse económicamente, forzó la cerradura y se apoderó de 16 celulares que introdujo en el maletero de su coche.

Puerta siempre abierta

Durante la celebración del juicio, celebrado el pasado 24 de marzo, el acusado admitió los hechos y manifestó su conformidad con la pena solicitada por el ministerio fiscal. No obstante, aseguró que él en ningún momento forzó la cerradura de la sala donde estaban almacenados los móviles, ya que ésta siempre estaba abierta. Sin embargo, el funcionario encargado de custodiar la estancia sostuvo ante el tribunal que el 7 de mayo, hacia las nueve y media de la noche, "la puerta estaba cerrada con llave", y que él mismo se encargó de asegurarse de ello, pues tenía sospechas de que la caja pudiera ser sustraída.

Al haber tenido relación directa el delito con la condición de policía del imputado, la sala acordó imponerle la inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante los 10 meses que dure la condena de prisión, que el agente no cumplirá debido a que carece de antecedentes penales previos a esta infracción.

Finalmente, los magistrados señalan en su fallo que no ha lugar a declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado respecto a la indemnización impuesta al procesado, por lo que el acusado deberá afrontar el resarcimiento económico impuesto y correr con las costas procesales.