Gobierno local y políticas sociales: los retos inaplazables

Desde hace 25 años, la aportación de los ayuntamientos democráticos a la cohesión social es más relevante de lo que suele reconocerse, aunque no ha estado exenta de límites estructurales. Nuestro modelo municipal dota a la esfera local de niveles altos de autonomía, pero restringe sustancialmente su capacidad de gestión de recursos. Además, nuestro modelo de bienestar sitúa en los ámbitos estatal y autonómico el desarrollo de los sistemas públicos de protección social, empleo, promoción de vivienda, salud y educación. Las garantías legales de participación de los municipios en las políticas que traducen derechos de ciudadanía son escasas y débiles. Aun así, merece la pena subrayar el compromiso social de las ciudades y reflexionar sobre la necesidad de romper techos políticos para encarar los retos pendientes pero ya inaplazables del bienestar de proximidad.

Las garantías legales de participación de los municipios en las políticas de derechos de ciudadanía son escasas

En una primera etapa, los gobiernos locales desplegaron un activismo social más reactivo que estratégico. Había poco margen para la discusión de prioridades. Se dotó a los barrios de una red básica de atención social y de equipamientos comunitarios. Más tarde, ya en la década de 1990, se planteó el debate sobre los modelos sociales de ciudad y se instrumentaron algunas de las políticas que permitían caminar en la dirección propuesta. El Plan Integral de Servicios Sociales de Barcelona, por poner un ejemplo, marcó un punto de referencia claro. Pero, en estos últimos años, las bases sociales sobre las que habían operado los ejercicios de planificación se alteran de forma acelerada y profunda. Ya casi nada es como antes. La estructura social de la ciudad industrial se desvertebra y emerge una realidad compleja e incierta, con nuevas oportunidades, pero también con nuevos riesgos de exclusión; con las viejas identidades tambaleantes, pero con vínculos de solidaridad de nuevo cuño.

En Barcelona, en sólo seis años, se ha disparado el índice de envejecimiento, se ha doblado la tasa de monoparentalidad y se ha cuadruplicado el porcentaje de población inmigrante. Desde los dispositivos de atención social se ha respondido con compromiso, creatividad y dinamismo, pero también con dificultades, desconcierto e interrogantes no resueltos. La brecha entre las necesidades emergentes y nuestra capacidad de respuesta se ha ensanchado. Debemos reconocerlo para afrontar, sin dilaciones, los desafíos de adaptación, puesta al día y relanzamiento de las políticas locales de bienestar social. Lo estamos haciendo. Desde el gobierno plural de izquierdas de Barcelona hemos situado los servicios a las personas y, dentro de ellos, los servicios de atención y promoción social, como una de las cuatro prioridades estratégicas del mandato, junto al mantenimiento sostenible del espacio público, la vivienda y la convivencia cívica.

Dar cumplimiento a la prioridad de lo social en Barcelona implica todo un abanico de proyectos, pero la mayoría se articulan en torno a tres ejes. En primer lugar, la mejora integral de la red básica de servicios sociales: fortalecimiento de los equipos y recursos de atención primaria, incremento sustancial de la atención domiciliaria y nuevos modelos de trabajo que prioricen los procesos de desarrollo comunitario en los barrios. En segundo lugar, la apuesta decidida por el Proyecto de Ciudad Inclusiva, que arrancará en breve con un gran acuerdo ciudadano por la inclusión social, en el que participa, junto al Ayuntamiento, la amplia red de entidades que trabajan contra la pobreza y la exclusión. Y en tercer lugar, la puesta en marcha de una dinámica de cooperación entre el Ayuntamiento y la Generalitat que nos conduzca, por una parte, a crear el Consorcio de Servicios Sociales, como marco para fortalecer y articular nuestras redes de atención a la infancia, a la vejez y a las personas con discapacidad, y por otra, a hallar todas las sinergias posibles en materia de inmigración, por medio de una sólida conexión entre las políticas de acogida, de cohesión social y de convivencia intercultural.

Tras 25 años de avances colectivos, el reto de una Barcelona más inclusiva e igualitaria sigue vivo y apasionante. Lo afrontamos con ilusión y respeto, partiendo de valores de solidaridad, de la complicidad interinstitucional y del impulso sincero a la participación social.

Ricard Gomà es concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona.