Rubio Llorente será el nuevo presidente del Consejo de Estado

El virtual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ofrecido a Francisco Rubio Llorente, según fuentes socialistas, la presidencia del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo. Rubio Llorente, catedrático de Derecho Constitucional, es vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Rodríguez Zapatero anunció ayer que pedirá al Consejo de Estado un informe previo sobre la reforma constitucional.

El líder del PSOE anunció ayer en el debate de investidura que "en los próximos días, el Gobierno procederá al nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de Estado, de reconocido prestigio y probada independencia, para que dirija ese trabajo". Rodríguez Zapatero anunció también una rápida reforma legal para que todos los ex presidentes del Gobierno se incorporen de forma automática al órgano consultivo. La reforma convertiría a Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González y José María Aznar en miembros permanentes.

El actual presidente del Consejo de Estado es José Manuel Romay Beccaría, ex ministro de Sanidad, que sustituyó a Íñigo Cavero tras el fallecimiento de éste en diciembre de 2002. El cargo es de libre designación por el Gobierno. El Consejo lo componen en la actualidad ocho miembros permanentes, ocho natos en función de su cargo y otros 10 de libre designación.

Rubio Llorente nació en Berlanga de San Fernando (Badajoz) el 25 de febrero de 1930. Es doctor en Derecho y diplomado del Instituto de Sociología y Psicología Social de la Universidad de Colonia (Alemania) y del Instituto de Estudios Políticos de París. Es letrado de las Cortes Generales y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Antes de obtener la cátedra había ejercido la docencia como profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Entre julio de 1977 y abril de 1979 ocupó la secretaría general del Congreso de los Diputados y fue uno de los tres letrados que asesoraron a la ponencia que elaboró la Constitución de 1978. Desde el Congreso pasó a la dirección del Centro de Estudios Constitucionales, que desempeñó hasta comienzos de 1980.

En febrero de 1980 fue designado magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Congreso de los Diputados. El 6 de marzo de 1989 fue elegido por mayoría vicepresidente del alto Tribunal, en sustitución de Gloria Begué. Abandonó la vicepresidencia del Constitucional en julio de 1992.

Rubio Llorente ha mantenido una posición muy crítica hacia la actuación del Gobierno frente al plan Ibarretxe. Según declaró en diciembre pasado en Pamplona, durante unas jornadas de conmemoración del 25 aniversario del texto constitucional, judicializar el proyecto de nuevo estatuto vasco "es una vía equivocada". Se refería a la impugnación del texto ante el Tribunal Constitucional.

En el mismo acto, Rubio Llorente se manifestó "sin ninguna duda" contra el plan Ibarretxe, porque, según aseguró, "tal y como se ha presentado es inaceptable". Pero el terreno para combatirlo, a su juicio, "no es el de los tribunales".

Ha denunciado también el "retraso, escandaloso, de hasta ocho o diez años" que mantiene la justicia contencioso-administrativa, lo que la convierte en ineficaz, con muchos miles de recursos acumulados. En su opinión, los jueces muestran a veces una pasividad excesiva y otras una hiperactividad. "Tan arriesgada es una como otra", sentenció en una intervención pública.

Rubio Llorente se ha referido también en ocasiones a la politización de la justicia y ha sostenido que la elección de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces y magistrados la paliaría. También calificó de "funesta" la colocación de jueces en cargos políticos.

Rubio Llorente es colaborador habitual de EL PAÍS. En un artículo titulado La reforma de la Constitución, publicado el 10 de septiembre de 1998, decía lo siguiente: "La flexibilidad de los textos constitucionales es grande, pero no ilimitada, y no se puede forzar hasta convertirlos en papel mojado. Y si la reforma ha de hacerse, se ha de partir de lo que hay. La afirmación (artículo 2º) de que la Constitución se fundamenta en la unidad de la nación española es un ejemplo típico de enunciado performativo; no describe la realidad, sino que la crea".