De la Torre desautoriza al edil con el que está imputado de favoritismo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha desautorizado la solución que su concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, ha dado a las irregularidades en las obras de un edificio en el centro de la ciudad, por las que ambos han acabado imputados en una querella por presunto trato de favor al promotor. El concejal solventó el asunto con una multa de 4.890 euros, pero el alcalde dijo ayer que la mejor solución hubiera sido demoler lo construido ilegalmente.

El alcalde decidió ayer suspender el consejo extraordinario de la Gerencia Municipal de Urbanis(GMU) no que él mismo había convocado para dar explicaciones sobre el expediente. La reunión se ha aplazado hasta la próxima semana después de que los letrados de dos funcionarios municipales imputados en el proceso -uno de ellos el jefe de gabinete de De la Torre- advirtieran de que podría entorpecer la investigación judicial, ya que el juez instructor del caso no tenía todavía la documentación que iba a presentar a la oposición.

Con anterioridad a la reunión del consejo, el alcalde reconoció que no compartía la decisión adoptada por su concejal de Urbanismo para legalizar las irregularidades cometidas en la construcción de este edificio, un inmueble de la calle Santa María levantado por un promotor que es marido de una funcionaria en excedencia de la propia Gerencia de Urbanismo. Entre las infracciones, los técnicos municipales advirtieron que se había ampliado la superficie edificada en la cubierta del inmueble en 11,5 metros cuadrados, situación que consideraron "ilegalizable".

Los técnicos consideraron que los argumentos esgrimidos por el constructor para justificarlo resultaban "inverosímiles". Un informe posterior, una vez que se habían subsanado otras infracciones detectadas, ratificó "lo ilegalizable" de lo construido en la vivienda, por lo que se opusieron a la concesión de la licencia de primera ocupación.

Pese a ello, la GMU optó por el denominado principio de proporcionalidad y en vez de pedir al promotor la demolición de lo construido irregularmente, le impuso una sanción de 4.890 euros y le otorgó la licencia de primera ocupación. De la Torre no cuestionó la legalidad de esta decisión, pero sí su idoneidad. "Yo hubiera optado por la demolición. Se puede aplicar el criterio de la proporcionalidad, como ha hecho el concejal, porque tiene base legal. Pero yo, personalmente, soy más partidario de la demolición", explicó.

Curiosamente, De la Torre se acogió a este principio de proporcionalidad para impedir la demolición de una planta construida de más en el polémico edificio de Quinta Clavero, para lo que incluso debió cambiar un acuerdo adoptado por el pleno cuando el PP no tenía mayoría absoluta.

La desautorización del alcalde al proceder del edil de Urbanismo ha vuelto a poner en evidencia la falta de sintonía con algunos de sus ediles. Casero es un hombre de confianza del presidente del PP, Joaquín Ramírez, con quién se posicionó en la pugna que éste mantuvo con De la Torre al inicio de la legislatura.

El alcalde pidió ayer al juez instructor la comparecencia del promotor de la obra denunciada para que aclare si las afirmaciones que se le atribuyen en la demanda sobre una supuesta relación comercial entre ambos son ciertas. El promotor José Ramón Faura emitió ayer un comunicado en el que afirma que "no ha tenido, ni tiene, relación comercial, laboral, empresarial ni personal con el señor alcalde ni con ningún concejal o ex concejal de la corporación".

La querella partió del promotor de unas obras en un edificio colindante que consideró que el edificio de Faura recibía un trato de favor del consistorio -mayor volumetría y edificabilidad a la estipulada en la zona- por ser su esposa funcionaria en excedencia de la GMU.

En la demanda acusaba también al jefe del gabinete de alcaldía y un inspector municipal. El juez decidió ampliar las imputaciones al alcalde, los concejales de Urbanismo y de Seguridad, al gerente de Urbanismo y al anterior edil de este área, a los que imputa presuntos delitos de prevaricación, urbanístico y omisión del deber de legalidad.