El desalojo de un asilo de Pozuelo, paralizado en el último momento

Los 19 ancianos que viven en la residencia Margarete, situada en Pozuelo de Alarcón, se libraron ayer de ser desalojados del edificio en que habitan. El centro cumple con todos los requisitos exigidos por la Comunidad, pero se enfrenta a un problema financiero. La entidad bancaria Ibercaja quería tomar ayer posesión de un edificio que adquirió en subasta pública en 1992, porque los gestores de la residencia no pudieron hacer frente a una deuda hipotecaria de 2.400 euros. Ayer, y en el último momento, se anuló el desalojo al llegar ambas partes a un principio de acuerdo.

Los mayores ingresados en el centro, de los que sólo cuatro pueden valerse por sí mismos, y sus familiares suspiraron ayer aliviados. De momento, la residencia Margarete, que lleva 37 años funcionando, sigue adelante. El panorama se presentaba muy distinto a primeras horas de la mañana. El Juzgado número 2 de Majadahonda había dictado orden de ejecutar el lanzamiento del centro geriátrico a las 10.30 de ayer. Y esta diligencia lleva implícita echar al antiguo propietario de la finca. Por tanto, los ancianos tenían que abandonarla.

Pero sus familiares no estaban dispuestos a facilitar la salida de sus mayores y se arremolinaron a la entrada del edificio indignados. "No entendemos nada. Recibimos una comunicación de la Comunidad de Madrid a principios de abril, y otra de un procurador de Zaragoza diciendo que teníamos que llevar a nuestros familiares a otro lugar. ¿Adónde?, me preguntó yo. Estamos muy contentos, y no queremos sacarles de aquí", decía Vicente, que tiene a su madre en el centro.

"De aquí no salgo"

Los residentes, verdaderos sufridores de la situación, miraban por la ventana del salón incrédulos, sin entender qué había motivado tal despliegue de medios informativos a su alrededor. Eugenio Prado, de 81 años, contaba con voz temblorosa desde su silla de ruedas que estaba muy contento de estar en este lugar en el que lleva tres años. "Salir de aquí, de ninguna manera. En otro lugar no podemos estar mejor que aquí", mantenía mientras las lágrimas le asomaban a los ojos.

Sabiniano Flores, otro anciano de 92 años, se mostraba igual de contrario a abandonar el recinto. "Voy a hacer tres años aquí el 2 de junio. Estoy como si estuviera en mi casa. Antes estaba mejor porque salía a pasear, pero me dio un infarto y ahora vivo pegado a la silla. Me llevaría un disgusto muy grande si tuviera que cambiar de sitio", decía.

El punto de partida de la actual situación es una antigua deuda hipotecaria de 2.400 euros. La directora no pudo pagar esta cantidad en el año 1986 a Ibercaja, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Se inició un juicio en Zaragoza y, posteriormente, el inmueble, situado en la calle de Juan Díaz Mula, número 5, salió a subasta pública. La hija de la directora, Paloma Oteo, asegura que en ningún momento tuvieron conocimiento de este proceso. "No nos presentamos a la subasta porque no nos lo notificaron", sostiene. La Caja de Zaragoza se hizo con el terreno por 216.364 euros. Oteo mantiene que nunca recibieron la parte que les correspondía de este dinero una vez que se saldó la deuda. En 1999, el juzgado decretó que el edificio tenía que pasar a la entidad bancaria que lo había adquirido.

Después de recibir el exhorto, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los gestores de la residencia presentaron diversos escritos ante el juzgado y en el Servicio Común de Notificaciones. Pero éstos se desestimaron, y en el mes de febrero pasado se notificó a la directora que el desalojo tendría lugar el 13 de abril. "Llevamos años sacando adelante la residencia. Nunca hemos dejado de atender a los ancianos. También hemos intentado llegar a un acuerdo para comprar el edificio, pero no hemos conseguido que Ibercaja nos haga una oferta, hasta ahora", sostiene Oteo.

Ante la presencia de un representante jurídico de Ibercaja y de un funcionario del juzgado de Majadahonda, los ánimos de los familiares se caldearon. Se oían comentarios: "No quieren buscar solución porque hay intereses por medio". Pero tras una negociación, se llegó a una solución que aceptaron ambas partes: la opción para que la directora recompre el edificio.

Ahora Luisa Aguilar tiene un mes por delante para conseguir la financiación necesaria para comprar el edificio. "Necesitaremos unos 72 millones de pesetas. Aunque la cifra final hay que negociarla con la entidad financiera que preste el dinero", explica el abogado contratado por la residencia.