El Consejo de Estado recibirá un informe de la oposición

El Consejo de Estado ha dado un plazo de cinco días hábiles al Grupo Municipal Socialista de Madrid para que presente su informe sobre la necesidad de que las obras de remodelación de la carretera de circunvalación M-30 lleven aparejada la declaración de impacto ambiental. La Comunidad de Madrid había preguntado al Consejo si era necesario este trámite ambiental. El Ayuntamiento defiende que no, mientras la oposición opina lo contrario.

Además, hoy IU y los sindicatos UGT y CC OO tienen previsto unirse al PSOE, y también pedirán al Consejo de Estado plazo para presentar sus propias propuestas. Ayer el grupo socialista, a través de sus concejales Félix Arias y Pedro Zerolo, presentó un escrito en el Consejo de Estado en el que pedía a este organismo que escuche sus opiniones antes de emitir un informe sobre las obras de remodelación. El Ayuntamiento defiende que no es necesaria esta declaración ambiental porque la M-30 es una "vía urbana", y no una autovía, tal y como sostienen los socialistas. La ley señala que cuando las obras afecten a una vía urbana no es necesaria la declaración ambiental. La cesión de la titularidad de esta vía fue traspasada recientemente por el Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de la capital, administración ésta que solicitó a la Comunidad de Madrid la exención de la declaración de impacto ambiental, a pesar de que la primera fase del mismo contemple actuar en una zona que afecta a un tramo del río Manzanares.

Consulta

Tanto Félix Arias como Pedro Zerolo señalaron, tras presentar su solicitud en el Registro del Consejo de Estado, que su formación política desconoce los términos exactos de la consulta realizada por la Comunidad, y reiteraron que sólo conocen de la misma lo publicado en prensa. Para los socialistas, las obras requieren la declaración de impacto ambiental por su trascendencia y por su influencia directa en el medio ambiente y el tráfico de la ciudad.

Tras mostrar su interés en comunicar al Consejo de Estado su opinión sobre esta obra y sobre la intención del Ayuntamiento de evitar la citada declaración, ambos ediles socialistas precisaron que, en virtud de la normativa vigente, el PSOE pedía ser oído ante el Consejo de Estado, puesto que su inminente dictamen afectará a un proyecto de interés general para la ciudadanía. Además, estimaron que la audiencia se puede acordar por el presidente del Consejo de Estado a petición de aquellas partes interesadas en una cuestión determinada, y más cuando en la consulta esté directamente interesada, y así lo manifieste, una comunidad, lo que ocurre con Madrid y la reforma de la M-30.