Un juez imputa a De la Torre y a dos ediles del PP por un delito urbanístico

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, Antonio Ruiz Villén, ha imputado un presunto delito urbanístico al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, a dos concejales del PP y a varios altos funcionarios, entre ellos a su jefe de gabinete. La instrucción se inició a raíz de la querella de un particular contra otro promotor que consideraba había obtenido un trato de favor del consistorio porque era el marido de una funcionaria en excedencia de la Gerencia de Urbanismo de Málaga.

La querella fue presentada en abril de 2003 por Félix Martín Rojas, representante de la sociedad Framarsa Inversiones S.L., contra el promotor de una obra anexa a su inmueble al considerarse perjudicado por la actuación, que se inició sin disponer de licencia de obras, extremo que negó ayer el Ayuntamiento. Esta actuación la promovía una sociedad cuyo administrador único es el arquitecto José Ramón F. S., marido de la funcionaria municipal. El denunciante entendió que se estaba ejecutando con varias irregularidades y exigió a Urbanismo disponer del proyecto de la obra colindante para poder verificar la altura de la edificación, la alineación de las calles y la no coincidencia de los balcones, entre otros aspectos.

En su querella, el denunciante descubrió que la edificación invadía parte las dos calles entre las que se levantaba el inmueble, así como que carecía de licencia de obras. En un pormenorizado relato, el afectado cuenta sus múltiples comunicaciones a la gerencia de Urbanismo, así como a los responsables técnicos y políticos de distintas áreas municipales para que se paralizara la obra, acordada tras una inspección de un técnico del departamento y después de un expediente de regularización que obligaba a demoler la tercera planta, retirar los salientes y cumplir con la alineación del Plan Especial del Centro. Según la querella, las obras no sólo no se paralizaron, sino que se trabajó de noche y los fines de semanas para ejecutarlas.

Aunque la denuncia se formuló contra el promotor de la obra y contra el jefe del gabinete de la alcaldía, Javier F.M., el juez ha decidido extender la imputación al alcalde, a dos concejales de su equipo de gobierno -el edil de Urbanismo, Juan Ramón Casero, y el de Seguridad, Antonio Cordero- , al edil de Urbanismo de la anterior legislatura, Manuel Ramos y al gerente de este departamento municipal, Andrés Gutiérrez. El magistrado instructor considera que, además de los delitos urbanísticos y de amenazas denunciados por el promotor, del relato de la querella se desprende que los imputados podrían haber incurrido también en prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó ayer que tiene la certeza de que en la Gerencia Municipal de Urbanismo se trabajo "con seriedad y rigor", por lo que se mostró convencido de que cuando se remita toda la documentación al juzgado se comprobará que la "actuación ha sido la correcta". De la Torre negó las acusaciones de trato de favor hacia el promotor denunciado y consideró una "falsedad" y una "calumnia" que tuviera relación con él.

La promotora denunciada, Faura Arquitectura, rechazó ayer en un comunicado que las obras ejecutadas no se ajustaran a la licencia obtenida y sólo admitió que tuvo que modificar la ejecución de un alero "ante un peligro de derrumbe".

La concejal de IU, Isabel Martínez, afirmó ayer que esta formación política está estudiando personarse como acusación particular en la querella. El portavoz adjunto del PSOE, Enrique Salvo, pidió "claridad". El equipo de Gobierno ha convocado para mañana un consejo extraordinario de la Gerencia Municipal de Urbanismo para ofrecer explicaciones sobre el expediente.