Exigencia de titulación

La Comunidad de Madrid pretende facilitar ayuda psicológica a los afectados por el 11-M a través de un Plan de Salud Mental, consistente en, primero, derivar a los miles de afectados a los centros de salud mental públicos, ya saturados con los casos habituales. Segundo, actuar a demanda, es decir, esperar a que los afectados se dirijan a él por sí mismos, en vez de dirigirse a los afectados para ofrecerles la ayuda. Tercero, para reforzar la ayuda psicológica, contratar 35 psiquiatras y sólo 15 psicólogos, exigiendo a estos últimos estar en posesión del título de especialista en Psicología Clínica y de la Salud (el título de licenciado en Psicología no está reconocido por la actual LOPS -BOE del 21-11- 2003- para ejercer una profesión sanitaria).

El resultado previsible es que los miles de afectados no van a recibir la ayuda adecuada. El número de psicólogos es insuficiente y, además, los expertos en Psicología de Emergencias y Desastres, no están siendo contratados, ya que la mayoría no dispone del título de especialista en Psicología Clínica (alcanzable tan sólo vía PIR u homologación). Dicho título no fue exigido a los casi 1.500 psicólogos que actuaron como voluntarios para la atención durante los días posteriores al 11-M, y los profesionales más implicados y expertos, que hicieron posible la organización y coordinación de la ayuda, ahora han sido dados de lado.

Datos como éste, sumados a estadísticas médicas que aportan resultados como que el 40% de las consultas atendidas en los servicios de atención primaria son por motivos psicológicos, así como que el 80% de las depresiones se tratan por estos mismos profesionales, cuya formación actual en Psicología es de un mes, son un indicativo claro del lugar que ocupa la Psicología en el Sistema Nacional de Salud, prácticamente nulo, y de la injusticia de que está siendo objeto esta profesión, así como, lo que es más importante, los perjuicios derivados de ello para la sociedad que demanda sus servicios y que no va a poder ser atendida si la legislación actual no se modifica.