Los sindicatos exigirán a Caldera que elimine las restricciones al subsidio agrario que estableció el PP

Entre los temas pendientes y las promesas por cumplir que aguardan a Jesús Caldera, próximo ministro de Trabajo del Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma del subsidio agrario será planteada como una prioridad por las federaciones andaluzas y extremeñas de CC OO y UGT y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Dirigentes de los tres sindicatos coincidieron ayer en que reclamarán a Caldera que elimine las restricciones establecidas por el PP al subsidio o las incluidas en la renta agraria, la prestación ideada por Trabajo para los excluidos de la prestación.

El decretazo de mayo de 2002 incluía una nueva limitación de entrada al subsidio agrario que recibían -el 75% del salario mínimo durante un máximo de seis meses por 35 peonadas al año- unos 360.000 jornaleros andaluces y extremeños cuando estaban sin empleo: El Gobierno (PP) restringió el acceso a quienes lo hubiesen cobrado en los tres años anteriores (cerró así la entrada de nuevos perceptores) y endureció otros requisitos. Los efectos del decretazo sobre el subsidio agrario han sido muy notables. Según el Observatorio de Empleo Agrario Andaluz, si en los nueve primeros meses de 2001 había de alta 254.452 jornaleros andaluces, en idéntico periodo de 2003 eran 70.000 menos.

Como alternativa, el Gobierno ofreció un sistema contributivo similar al vigente en el resto de los sectores, pero con serias desventajas para los jornaleros: 360 días de trabajo real (en otros sectores, los empresarios cotizan también por días de descanso, de baja y de vacaciones) para una prestación por desempleo de tres meses (cuatro en el resto de sectores). El duro rechazo sindical, con José María Fidalgo y Cándido Méndez, los líderes estatales de CC OO y UGT a la cabeza, llevó a Trabajo a diseñar una nueva prestación para los excluidos por el decretazo, la renta agraria. Semejante al subsidio en cuantía, el ministerio incluyó algunos requisitos adicionales: empadronamiento durante diez años, límite de seis años de cobro y exigencia de pago de la cartilla agraria durante más de cinco años para los mayores de 45 años. A principios de 2003, CC OO y UGT dejaron las movilizaciones, aunque impugnaron estas últimas condiciones.

En su primer semestre en vigor (segunda mitad de 2003), apenas 9.000 jornaleros han cobrado la renta agraria. "Hay que darle la vuelta al calcetín o esto desaparece", indicó ayer el secretario regional de la federación agroalimentaria de UGT, Francisco Fernández. Tanto Fernández como Manuel Merino, que desempeña el mismo cargo en Comisiones Obreras, reclamarán al PSOE, ahora en el Gobierno central, que den esa vuelta a la reforma. "Los socialistas nos respaldaron con mucha fuerza en las manifestaciones y pedían con nosotros la restitución total del subsidio agrario", recordó Merino.

Los sindicatos mayoritarios creen "prioritario" volver a dejar el subsidio "tal y como estaba", en palabras de Merino o, en su defecto, eliminar los elementos más restrictivos de la renta agraria. "La obligación de empadronamiento ha dejado fuera a un colectivo tan importante en el campo como el de los inmigrantes y los requisitos también están dejando fuera a muchas personas mayores de 45 años", apunta Fernández.

UGT y CC OO también plantearán abrir una mesa de negociación para acometer "una reforma general en el campo". La idea que comparten ambas centrales es que, en Andalucía y Extremadura, convivan el subsidio agrario (para los jornaleros que no consiguen trabajar muchos días) y un sistema contributivo, reformado respecto al establecido por el PP en el decretazo.

Reclamación del SOC

"Hay que equiparar en derechos a los jornaleros con trabajadores de otros sectores", afirmó Merino. La propuesta de CC OO y UGT es que los jornaleros puedan optar por utilizar los días trabajados para tener acceso a una prestación por desempleo de cuatro meses por año trabajado. La diferencia con otros regímenes en los que cotizan días de descanso y vacaciones, estaría en que cada día trabajado se multiplicaría por un índice (entre 1,3 y 1,6) para computar los días cotizados. Y en que la base de cotización, que condiciona la prestación por desempleo, se establecería a partir del jornal.

"Lo que tiene que hacer el nuevo Gobierno es retirar la renta agraria y volver al subsidio agrario, dignificándolo", defendió el secretario regional del Sindicato de Obreros del Campo, Diego Cañamero. El SOC se opone a poner en marcha un sistema contributivo -"en el campo no tiene sentido", aclaró Cañamero- y reclamará una reunión con el Ministerio para tratar estos asuntos y "la democratización de las elecciones sindicales en el campo".