El Consejo de Estado dictamina esta semana si la M-30 sigue siendo autovía o si ya es una calle

El Consejo de Estado hará público esta semana un informe encargado por el Gobierno regional para conocer si el cambio de titularidad de la M-30, que ha pasado del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento, se traduce en un cambio de naturaleza jurídica, de forma que pase de ser una vía rápida a ser una calle. En este último caso no sería necesario elaborar un informe de impacto medioambiental antes de acometer las obras proyectadas por el alcalde. Alberto Ruiz-Gallardón ha advertido de que no cumplirá los plazos de la obra si debe hacer ese informe ambiental previo.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, declaró ayer a la agencia Europa Press que si el cambio de titularidad de la M-30 supone un cambio de naturaleza jurídica, "entonces no requiere en absoluto un informe de impacto medioambiental" para ejecutar las obras comprometidas por el Ayuntamiento. La Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad impone ese informe previo a cualquier obra acometida en "carreteras".

No obstante, Aguirre -que es quien debe decidir en última instancia si exime o no al alcalde de elaborar ese estudio- admitió que el cambio de naturaleza jurídica "no está claro". Por eso, el Gobierno regional solicitó hace 15 días al Consejo de Estado, órgano encargado de asesorar jurídicamente a las administraciones autonómica y central, un informe para conocer las características concretas de esta vía.

Aguirre encargó este trámite por el procedimiento de urgencia, de forma que tendrá en su poder, durante la presente semana, el informe del Consejo de Estado que aclarará definitivamente cuál es la naturaleza jurídica de la M-30. En virtud de ello tomará una decisión. "Si las leyes obligan a hacer informes de impacto ambiental, hay que cumplir con ellas", señaló.

De todas formas, el Ayuntamiento está aún pendiente de otro dictamen imprescindible, el de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que debe pronunciarse sobre las condiciones en las que ejecutar las obras, "puesto que afectan a un tramo importante del río Manzanares", según admitió la presidenta.

"Cumplir las leyes"

Aguirre señaló que la reforma que pretende llevar a cabo el regidor "va a ser una mejora ambiental para los vecinos de la zona". Y agregó: "Apoyaremos todo lo que es unir la Casa de Campo y la cornisa del Manzanares con una zona verde, pero eso no quiere decir que no haya que cumplir las leyes".

En caso de que el Consejo de Estado determine que la M-30 sigue siendo una vía rápida se hará necesario el informe de impacto medioambiental, y entonces se abrirá un periodo de alegaciones de un mes en el que grupos políticos, vecinos y asociaciones presentarán sus aportaciones. Éstas podrían modificar el proyecto de obra inicial, y todo el proceso podría retrasarse hasta dos años. Por eso, Ruiz-Gallardón ya ha advertido de que no cumplirá su promesa electoral -terminar la reforma en 2007, año electoral- si tiene que esperar a la declaración de impacto.

Fuentes del Gobierno regional manifestaron a mediados del pasado marzo que el Ejecutivo de Aguirre eximiría de la obligación de ese trámite el proyecto de soterramiento de la M-30, tras pedírselo el regidor. Oficialmente, Aguirre se mostró remisa a eliminar este trámite en un principio -"haremos lo que diga la ley", ha afirmado en repetidas ocasiones-, pero ha encontrado ya una manera de echar una mano a su compañero de partido. El pasado febrero, el Ministerio de Fomento cedió la M-30 al Ayuntamiento, mediante la firma de un convenio.

En dicho convenio se describe esta autovía de circunvalación como una vía urbana de la capital, por lo que supuestamente las obras no deben ser sometidas a la previa declaración de impacto ambiental.