El nuevo Gobierno creará una agencia para evaluar la calidad de los servicios públicos

El próximo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pretende que el dinero de los ciudadanos que se destina a sufragar políticas públicas tenga un fin reconocible y que sus efectos puedan ser analizados. Asimismo quiere que los servicios públicos pasen un examen para comprobar que están a la altura de lo que un país desarrollado y cohesionado socialmente requiere. Para estos fines se creará por ley la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, a cuyo frente estará un presidente "de reconocido prestigio" e independiente del Ejecutivo, elegido por el Parlamento.

En el desarrollo de esta figura trabaja un equipo de personas, dirigido por el futuro ministro de Administraciones Públicas y responsable de Economía de la ejecutiva federal, Jordi Sevilla, y se basa en modelos ya muy experimentados en Noruega, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia. Estos países cuentan desde hace muchos años con organismos de control y evaluación para conocer de manera permanente la eficacia de sus amplísimos servicios públicos.

Eficacia y eficiencia del gasto público y calidad de los servicios públicos. Estas son las dos bases sobre las que descansa el proyecto de creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas y Servicios Públicos que se creará por ley cuando el Gobierno que presidirá José Luis Rodríguez Zapatero empiece su tarea. El líder socialista estima que si logra este objetivo España habrá dado "un paso revolucionario" en el funcionamiento de su Administración. "Se trata de saber si cada euro que los ciudadanos destinan de sus impuestos a políticas públicas, cumple o no los objetivos para los que ha sido asignado y no sólo si su liquidación contable se ajusta a la legalidad", señalan quienes conocen los objetivos de Zapatero.

Para poner un ejemplo de lo que puede hacer esta agencia se cita "la ingente cantidad de dinero" que desde 1997 se dedica a subvenciones para la contratación indefinida cuando lo cierto es que la temporalidad no disminuye. Por tanto, ese dinero no se está empleando en una política pública adecuada. "Habría que reorientar ese gasto público", indican los autores del proyecto.

La Agencia Nacional, según el borrador sobre el que se trabaja, será un organismo independiente, creado por ley, financiado por los Presupuestos Generales del Estado, aunque tendrá partidas complementarias para programas concretos que haya que evaluar. En principio esta agencia estará adscrita funcionalmente a la Presidencia del Gobierno.

Implicación autonómica

Un presidente estará al frente de esta agencia. "Será un profesional de reconocido prestigio, independiente de los poderes públicos y de los partidos políticos, nombrado por el Parlamento, por períodos distintos a los legislativos, con imposibilidad de destitución por decisión administrativa". Esta descripción es la que figura en el texto base del proyecto. A este presidente se podrán dirigir colectivos ciudadanos para solicitar "la puesta en marcha de procesos de evaluación de políticas públicas" en función de su "singular impacto social".

En el organigrama figura junto al presidente un Consejo Asesor, formado por 10 expertos así como un Consejo Institucional compuesto por representantes técnicos de todas las administraciones de ámbito nacional y de las comunidades autónomas con funciones o unidades de evaluación y control. También habrá representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, así como de la Intervención General del Estado.

Dada la descentralización casi absoluta de casi todos los servicios que afectan a los ciudadanos, la imbricación de las autonomías en esta agencia nacional es imprescindible para que lleve a buen término sus cometidos. La principal misión de la agencia es diseñar un Sistema Nacional de Evaluación de Políticas Públicas para hacer real la promesa de Zapatero de que en España exista cohesión social y territorial y que todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos vivan donde vivan.

La evaluación de los servicios sanitarios, educativos, de atención a los mayores y a todos aquellos ciudadanos con alguna dependencia y que, por tanto, necesiten apoyo público serán objeto de estudio y control por parte de esta agencia en su faceta de fiscalizadora de la calidad de los servicios públicos.

Los teóricos que trabajan en este ambicioso plan señalan que "no es el tamaño, sino la eficiencia del Estado, lo que hace posible atender la complejidad y diversidad de los problemas que los ciudadanos exigen hoy".

Estos expertos dan por supuesto que las instituciones que hoy existen no garantizan ni son capaces de evaluar la eficacia de las políticas que emprenden los poderes públicos.

La mayoría de ellos, como los Tribunales de Cuentas, o la propia Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda, o la Inspección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas, tienen funciones de fiscalización de la actividad económico-financiera y de control de la legalidad de gastos e ingresos. Ahora bien, si son eficaces, si cumplen sus cometidos y si determinados recursos están siendo bien utilizados no entran dentro de esta nueva cultura de evaluación de lo que hacen las administraciones.

Los técnicos que elaboran el proyecto afirman que este modelo "va mucho más allá de los tradicionales procesos de control del gasto", ya que pretende estar acorde con la exigencia ciudadana de recibir de las administraciones servicios públicos adecuados.