La querella de la Unión de Consumidores por el 'caso Fabra' señala también a un cargo autonómico
![María Fabra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff32ea01f-8a17-4642-b59c-6f7d5689ddd4.png?auth=08bb75c1c2441b902e44c0965c98cd4542b2cc362c9bffd1b3a3ee4a64390915&width=100&height=100&smart=true)
La querella presentada por la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana en el llamado caso Fabra incluye también como acusada a la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, Pilar Máñez. Junto a Máñez, la juez decidirá la imputación del secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria, Rubén Moreno, al igual que habrá de hacer con el ex director general de Agricultura, Rafael Milán, la ex directora general de Sanidad, Dolores Flores, y el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral. Según la denuncia, todos ellos, además del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de su esposa, Amparo Fernández, del empresario Vicente Vilar y de la ex esposa de éste, Monserrat Vives, podrían ser responsables de varios delitos contra la Administración pública.
Vilar, que originó la apertura del procedimiento judicial al acusar a Fabra de cobrar por favores políticos, señaló a Pilar Máñez como responsable de la "rápida" concesión de la autorización para convertir a una de las industrias del empresario, Naranjax, en gestor de residuos no peligrosos después de una entrevista con la directora general, a la que también acudió Carlos Fabra. Por su parte, Rubén Moreno fue, según señaló la propia directora general de Sanidad, Dolores Flores, la persona que hacía de intermediario entre Fabra y la propia Flores.
La UCE pagó ayer la fianza exigida por la titular del juzgado número 1 de Nules, Fernanda Lorite, para la aceptación del colectivo como acusación popular. Fuentes de la propia Unión de Consumidores manifestaron ayer la intención de recurrir la decisión de la juez, quien, de momento, ha rechazado su personación como parte en el segundo procedimiento abierto, por un presunto delito contra la salud pública, ya que considera que son dos causas independientes.
El portavoz adjunto del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Antoni Such, señaló ayer que la presencia de la Unión de Consumidores en la causa al presidente de la Diputación "es un buen síntoma para la democracia y para la defensa del interés general". La diputada de EU Isaura Navarro calificó de "alarmante" la situación y mantuvo: "No podemos dar la espalda al apoyo que desde la dirección del PP se ha dado al presidente provincial y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, durante toda la campaña electoral".
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