Las cuentas del Ecofin
En ninguno de los asuntos de su reunión de Eunchestown (Irlanda), el pasado fin de semana, han avanzado los ministros de Finanzas de la UE. La magnitud y criterios del futuro presupuesto comunitario han vuelto a enfrentar a los Estados ricos con el resto. La designación de un candidato europeo para ocupar la gerencia del Fondo Monetario Internacional seguirá en el aire hasta el próximo día 19, en que se decidirá entre el español Rodrigo Rato y el francés Jean Lemierre. Lo único concreto de esa reunión es negativo: la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico para el conjunto del área.
A pesar de que la discusión presupuestaria se extenderá al menos durante un año, antes de cerrarse las perspectivas financieras para 2007-2013, las posibilidades de que España siga recibiendo ayudas equivalentes a las disfrutadas hasta ahora son nulas. A la voluntad común de los seis países más ricos, y principales contribuyentes, por reducir el techo del presupuesto, hasta dejarlo en el 1% del PIB de la UE frente al 1,24% actual, se añaden las propuestas de dirigir las ayudas estructurales únicamente a los países que se incorporarán el 1 de mayo, con la mitad de la renta por habitante de la actual UE.
Todo apunta a que España debe dejar de contar a partir de 2007 con una buena parte de esos 6.000 o 7.000 millones de euros anuales, algo más del 1% del PIB español, que en promedio ha recibido de las arcas comunitarias, es decir, de los países más ricos de la Unión. Paradójicamente, es a éstos, criticados por presentar déficit públicos alejados del Pacto de Estabilidad, a los que reclama el vicepresidente en funciones Rato una mayor contribución al presupuesto de la UE, un mayor gasto público, en definitiva, para que España siga beneficiándose de esos fondos.
Sin menoscabo del esfuerzo negociador al que está obligado el próximo Gobierno, éste ha de empezar a contar con sus propios medios para reducir la aún importante diferencia en renta por habitante de España respecto a los países avanzados de la UE. Ello implica mejorar la eficiencia del conjunto de la economía y diversificar su patrón de crecimiento, lo que requiere una clara apuesta por la inversión en capital tecnológico y humano, una mayor natalidad y un mejor clima para la innovación. Son tareas que habrían sido más fácilmente abordadas mientras disfrutábamos de esa transferencia de fondos desde Bruselas. Pero nunca es tarde para acometerlas.
