Flecos del 11-M

El brutal impacto del atentado del 11-M, y la cuantiosa y diversa información que ha generado en EL PAÍS, es motivo de algunas quejas y dudas para ciertos lectores que cuestionan, en unos casos la forma y en otros el fondo, algunas informaciones publicadas. Es el caso de Mercé Salvat Plana, que plantea una reflexión ética sobre el derecho a la intimidad, en relación con el reportaje titulado Cómo contar la verdad de Patricia, publicado el 14 de marzo en la página 23 de España: "Según la noticia, en el momento de su publicación, esta mujer polaca no sabe que su marido y su bebé han muerto en el atentado. ¿Deben conocer los lectores la muerte de los seres más queridos de Patricia antes que ella misma? ¿Qué ocurre aquí con la intimidad? ¿Qué derechos tenemos, qué desgraciado privilegio tenemos de conocer la fatalidad antes que los propios interesados? Sólo me pregunto dónde está la ética en esta información".

Jan Martínez Ahrens, jefe de la sección de Sociedad, que coordinó dicha página, explica cómo se realizó el reportaje en un detallado relato de los hechos, que esta Defensora ha mantenido en su totalidad porque, al margen de tratarse de un caso emblemático del atentado, constituye una muestra palpable de cómo los redactores se enfrentaron a la información en tan dolorosos momentos: "El caso de Patricia Rzaca encarna la desgarradora inhumanidad del 11-M. Hija de Yolanda y Wieslaw, inmigrantes polacos que se dirigían al trabajo con la niña, las bombas no sólo segaron su vida a los siete meses, lo que la convirtió en la víctima más joven de los atentados, sino que acabaron con la de su padre y dejaron malherida a la madre. El bebé había sido rescatado por dos hermanos, también víctimas del atentado, de entre los hierros con riesgo de sus vidas y la entregaron a los médicos. Ingresada sin identificar en el hospital del Niño Jesús, el bebé fue localizado por su tía tras un amargo peregrinaje por los hospitales de Madrid. El viernes, tras una agonía de un día y medio, Patricia murió. Su madre, inconsciente en el hospital, no sabía lo que había ocurrido con su hija y su marido. Desde el primer momento, esta trágica concatenación mereció la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Para cuando publicamos la pieza que cita la lectora, ya habíamos informado, con dos reportajes a cinco columnas, sobre Patricia. Y luego continuamos, hasta el punto de que la última entrega de Vidas rotas (publicada esta misma semana) se encabezó con la historia, foto incluida, del bebé y su padre. La muerte de Patricia era y es un símbolo de la barbarie".

Hechos conocidos

"Todos estos detalles", continúa Martínez Ahrens, "son importantes para contestar a la cuestión que plantea la lectora: ¿qué derecho teníamos a informar de la muerte de Patricia y su padre antes de que lo supiese la propia madre? No hay que olvidar que ambos fallecimientos, al igual que las heridas sufridas por la madre, fueron consecuencia del mayor atentado terrorista cometido en España. Este hecho dio a su muerte, como la de tantos otros, trascendencia pública. Cuando se planteó el reportaje, ya era notoria la historia de la familia Rzaca. Sus nombres aparecían en las listas oficiales de fallecidos y el caso había sido detallado extensamente por todos los grandes medios de comunicación, incluido el nuestro. Es más, el mismo día de la publicación, la comunidad polaca dedicó a Patricia y Wieslaw, junto a otras dos víctimas, un multitudinario homenaje oficiado por ocho sacerdotes, del que ofrecimos una pieza a cuatro columnas titulada Adiós, Patricia. ¿Acaso no debíamos publicar nada? ¿Era posible ocultar hasta la misa masiva dedicada a esos fallecidos? ¿Hubiese sido ético? El caso, insisto, había ya superado el ámbito privado. En todo momento, además, se contó con el permiso de la familia y se respetó escrupulosamente todo aquello que nos pidió. Cuando se publicó el reportaje, no sólo sus allegados sino miles, posiblemente cientos de miles de personas, ya conocían los hechos con detalle. Para explicarlos no sólo se consultó a la familia, que precisamente explicó la angustia que le producía comunicar los fallecimientos a Yolanda, sino que se recogieron las declaraciones de personas públicas nada sospechosas de sensacionalismo, entre ellas el sacerdote más próximo a la familia, el psicólogo clínico del hospital y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, que visitó a la madre en el hospital. La historia de Yolanda, Patricia y Wieslaw forma parte del 11-M, y como tal fue contada. Siempre con el máximo respeto y con el permiso de la familia".

Esta Defensora entiende las cautelas éticas que plantean algunas informaciones que se debaten entre el derecho a la protección de la intimidad de las personas y el derecho a la información, frontera a veces resbaladiza. Pero en esta ocasión considera que se respetaron escrupulosamente los derechos de las víctimas y sus familiares, quienes en ningún momento se han sentido lesionados.

Pie desafortunado

Otros lectores han criticado algunos de los pies de las fotografías publicadas en el suplemento Domingo, del 14 de marzo pasado, especialmente el que bajo la imagen de un joven con la cabeza ensangrentada, se tituló: Más que un dolor de cabeza. "Lo considero totalmente inadecuado y fuera de lugar. Si no fuera algo tan serio, parecería una broma", dice Carmen Martínez Moya. Queja en la que coincide Diego Avilés, de Vitoria, que añade: "No han estado nada acertados".

José Miguel Larraya, redactor jefe de Domingo, asume plenamente las críticas de los lectores, a los que, dice, sólo cabe pedir disculpas: "No hay excusas, y sí una autocrítica interna sobre métodos de trabajo". Esta Defensora también lo cree así.

Juan Tous Melía, por su parte, se queja de ciertos errores de descoordinación horaria entre los datos que aparecen en la información Crónica del 11-M y el cuadro que le acompañaba, publicados en las páginas 24 y 25 de España el 27 de marzo. Este lector, que "quiere saber la verdad", mantiene que los errores deslizados le impiden "conocer lo que ocurrió el sábado 13-M", y cita, entre otros, los siguientes fallos: "Artículo: 17.04, Agencia Efe, las pistas apuntan a ETA y descartan a Al Qaeda. El cuadro no cita la noticia. Cuadro 18.00: Manifestaciones ante la sede del PP. Artículo: sin citar hora, dice que la calle de Génova empieza a poblarse de gente. Cuadro 20.25: declaraciones de Mariano Rajoy. Califica de 'ilegales e ilegítimas' las concentraciones. Artículo: 21.00. Error de 35 minutos. Cuadro 21.00: declaraciones de Rubalcaba (PSOE). Artículo: 21.30. Error de 30 minutos. En esos trascendentales momentos estaba ante el televisor y debo decir que primero salió Rubalcaba y después, Rajoy. Cuadro 22.15: declaración institucional del portavoz del Gobierno. Artículo 23.30. Error 1,15 horas".

El redactor jefe de España, José Manuel Romero, lamenta los errores de coordinación entre Infografía y edición al no haber comprobado que los datos del gráfico no coincidían con los de la información. "Respecto a las horas que se señalaban en el artículo sobre las comparecencias de ministros y demás, nos atuvimos escrupulosamente a los documentos facilitados por el Gobierno (en el cuadro, esos hechos tienen alguna imprecisión que no altera el relato de hechos). El orden de sucesos es correcto, aunque varíen, por error, las horas del gráfico y del texto. En cuanto a la apreciación del lector de que Rubalcaba intervino antes que Rajoy, está equivocado. El PSOE no compareció hasta que apareció Rajoy por televisión, y sólo para responder a éste".

Disculpas

Pido disculpas a todos los lectores, y especialmente a Juan Anlló, que se quejó recientemente del error que cometía EL PAÍS al referirse a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como Tribunal Internacional de Justicia. El teléfono jugó una mala pasada a esta Defensora, que entendió que el lector reivindicaba como nombre correcto el de Tribunal Internacional de Justicia, y así lo reflejó en su columna del 7 de marzo pasado. No era así. El nombre oficial que figura en la Carta de las Naciones Unidas, y que Anlló defendía, era el de Corte Internacional de Justicia. En La Haya tiene también su sede la Corte Penal Internacional. Así pues, son dos Cortes las que conviven en dicha capital. Quede constancia de que el error no fue del lector.

Los lectores pueden escribir a la Defensora del Lector por carta o correo electrónico (defensora@elpais.es), o telefonearle al número 913 377 836.