Protección insuficiente
España no puede soportar más víctimas de la violencia doméstica. Se necesitan más efectivos policiales dedicados a esta tarea, una mayor firmeza por parte de los jueces y un verdadero programa de ayuda económica a las víctimas. Mejorar la legislación es, por supuesto, necesario, y en ese sentido cabe dar una bienvenida inicial al deseo socialista de aprobar una ley integral contra esa espantosa lacra. Pero hay que pasar de los lamentos, las denuncias y los proyectos a la acción. Lo reclaman decenas de víctimas, y entre ellas, Encarnación Rubio. En el caso de esta granadina de Cúllar-Vega no fue la ley lo que falló. Lo que falló fue la falta de efectivos policiales para aplicar una orden de protección ya existente y la incapacidad de la juez para enviar a prisión a su marido cuando incumplió por primera vez la orden de alejamiento.
Encarnación Rubio ha sido la primera víctima de la violencia doméstica que, en aplicación de la ley que entró en vigor el pasado agosto, aprobada unánimemente en el Parlamento, ya disponía de protección. Después de que su marido, con esclerosis múltiple y poca capacidad de movimiento, intentara atropellarla en enero, una juez de Granada emitió la orden correspondiente a favor de Encarnación. Escasas de efectivos, Guardia Civil y Policía Local no dedicaron agentes a la defensa permanente de la víctima. El 6 de febrero, el marido, del que estaba en trámites de separación, violó la orden de alejamiento y penetró en su vivienda. Pero la juez, tras tomar declaración a Francisco Jiménez Uceda, le dejó en libertad provisional. El miércoles, este hombre mató a Encarnación Rubio por el único procedimiento al alcance de su condición física: atropellándola reiteradamente.
El pasado diciembre ya se habían dictado en España más de 2.600 órdenes de alejamiento, pero sólo un centenar de policías estaban encargados a tiempo completo de su cumplimiento. La ley que entró en vigor en agosto no fue acompañada de un paquete económico que garantizara su aplicación. Fue pólvora disparada en salvas.
Una de las primeras medidas del Gobierno socialista será la promulgación de una ley integral, que incluya la creación de juzgados especializados y ayudas económicas a las víctimas. Serán buenas disposiciones, pero todos los organismos del Estado deben ponerse también de acuerdo para que las fuerzas de seguridad y los juzgados apliquen en cada caso concreto ese espíritu de "tolerancia cero" respecto a la violencia doméstica que debemos a las víctimas y reclama a gritos la sociedad.
