Incertidumbre educativa
La comunidad educativa se enfrenta al último trimestre del curso en una situación de enorme incertidumbre. Estaba ya mentalizada para la aplicación el próximo curso de la La Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE)
, cuando la victoria de Zapatero la ha situado ante la expectativa de una suspensión de la ley del PP y la elaboración de una nueva, tal como había prometido el PSOE durante la campaña electoral.
Poner en marcha las modificaciones previstas en una ley de educación, introducir una moratoria a su aplicación o modificar las previsiones establecidas no es fácil. Los centros de enseñanza y los profesores han de prever con antelación la organización docente y los contenidos, los editores han de preparar nuevos textos, los responsables autonómicos han de asegurar la oferta de centros y su funcionamiento y las familias han de saber a qué atenerse.
La LOCE introducía algunas modificaciones fuertemente contestadas, como la asignatura confesional de Religión, calificable y con valor académico equivalente al resto, junto con una alternativa sobre el hecho religioso; la creación de itinerarios en la ESO, y la recuperación de la prueba general, o reválida, al final de la enseñanza secundaria. Su aplicación exigía legislación complementaria para establecer sus plazos de forma progresiva y necesitaba concreciones en forma de reglamentos de las comunidades autónomas, dado que las competencias en educación han sido transferidas de forma completa.
Todo esto se ha abordado con el mayor desorden y descoordinación, sobre todo por parte de algunos consejeros autonómicos, que se han precipitado a declarar la suspensión unilateral de la ley antes de la formación del nuevo Gobierno socialista, utilizando además argumentos insostenibles. Por ejemplo, que la ley se aprobó con los votos únicamente del PP y sin acuerdo con las comunidades autónomas, lo cual no es motivo para sustraerse a la legalidad vigente, y menos para decidir qué partes son aplicables y cuáles no en cada comunidad. O, en el caso vasco, asegurando que elaborarán una ley de ámbito exclusivamente autonómico y sin atender a la legislación española.
Un Gobierno que se prepara para asumir sus funciones debe ser prudente al manifestar sus propósitos y por regla general es mejor que hable con los hechos, ya una vez instalado. Habría sido preferible recordar simplemente la intención, anunciada con anterioridad, de buscar los resortes legales para suspender la aplicación de la ley, en tanto se elabora una nueva, y que las autoridades autonómicas se dispusieran a participar en la concertación prevista para gestionar los próximos cursos académicos. Aunque algunas decisiones exigen rapidez para dificultar lo menos posible la organización de los centros, las tomas de posición unilaterales crean un clima inadmisible de inseguridad y de falta de respeto por el ordenamiento vigente y contribuyen a la desorientación de padres, alumnos y profesores.
