Los afectados por los abusos urbanísticos abren la vía judicial

Agotada la vía diplomática, una vez conseguido el apoyo explícito de 17 embajadores de países europeos y transcurridos casi dos años de reuniones al más alto nivel con los responsables autonómicos sin haber alcanzado ningún avance sustancial en la modificación de la legislación urbanística, la Asociación de Abusos Urbanísticos No, que aglutina a decenas de afectados por una indebida aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), anunció ayer que han abierto la vía judicial para defender sus derechos como propietarios.

Charles Svoboda, presidente del colectivo, acompañado por el abogado Jaume Sendra, explicaron ayer en Dénia (Marina Alta) que han presentado un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en el que piden que declare la "nulidad" del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en Benissa, cuyo Ayuntamiento presidente el PP.

Los afectados, según Sendra, estiman que este PGOU es "arbitrario, discrecional y deja la política urbanística en manos de los agentes urbanizadores". La asociación presentó, en primera instancia, un recurso de alzada contra el PGOU aprobado en Benissa, que no ha sido contestado. Ante el silencio administrativo, presentaron la semana pasada un contencioso administrativo, con más de 20 folios de alegaciones, en las que buscan argumentar los motivos por los que consideran que el PGOU "no se ajusta a Derecho, presenta colisiones con otra legislación estatal y europea, así como se fundamenta en una LRAU injusta", agregó. En paralelo, la Asociación Abusos Urbanísticos No, presentó también otro recurso contencioso administrativo contra la adjudicación a un agente urbanizador de la zona Racó del Galeno 2, también en el término municipal de Benissa. "En este caso estimamos que el proceso de parcelación se ha hecho al margen de la legalidad y sin tener en cuenta los derechos adquiridos de los propietarios", dijo Sendra.

Comisión europea

Svodoba recordó que aunque hayan iniciado la defensa jurídica de los derechos de los afectados ante los tribunales españoles, "seguimos esperanzados en que los tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo se pronuncien sobre los abusos urbanísticos". Una comisión del Parlamento Europeo visitará en los próximos meses la comarca de la Marina Alta y Baixa para entrevistarse con algunos afectados y elaborar un informe sobre la situación.

Por último, Svoboda declaró que el anteproyecto de reforma de la LRAU presentado por el consejero de Territorio, Rafael Blasco, presenta "algunos puntos negros". A juicio de este colectivo todavía la figura del agente urbanizador tiene un peso "excesivo" y deja la puerta abierta a la vía de la expropiación forzosa en caso de parcelas con interés público.