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El PNV propone al presidente de Gehitu como nuevo Ararteko

Ha sondeado la disposición del PSE de apoyar a Iñigo Lamarca

El PNV ha decidido reabrir el debate sobre la elección del Ararteko a un año del fin de la legislatura y después de que Mertxe Agúndez lleve tres y medio ocupando ese cargo de manera interina tras el intento de reelección fallido de Xabier Markiegi y la renuncia de Joaquín Oquiñena. Los nacionalistas han propuesto a sus socios de Gobierno EA e IU el nombre de Iñigo Lamarca como candidato. Lamarca es en la actualidad letrado de las Juntas Generales de Guipúzcoa y presidente de Gehitu, la asociación de gays y lesbianas del País Vasco EA e IU estudian la propuesta y, de ser aceptada, el tripartito la presentará en el pleno que el Parlamento celebrará el 23 de abril.

Sin embargo, el nombramiento exige una mayoría cualificada: deben apoyarlo 45 de los 75 parlamentarios. El tripartito cuenta con 36, así que intentará recabar el apoyo del PSE, partido que tiene 13 diputados y con los que conseguiría el respaldo que exige la ley. El tripartito ya sondeó la semana pasada al PSE sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, dado que mantiene mejores relaciones con los socialistas que con el PP, que dispone de 19 diputados. La condición es que PNV, EA e IU presentan el candidato a Ararteko, mientras que al PSE le dejan el adjunto al cargo. El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, confirmó que se ha establecido contacto y admitió que el perfil de Lamarca ayuda a "suscitar el acuerdo". Pero aseguró que aún es pronto para hablar de pactos porque "hay que plantearlo en el seno del partido".La iniciativa del PNV de proponer a Lamarca como futuro Ararteko no estaba suficientemente trabajada con sus socios de Gobierno, a la vista de las reacciones habidas en los grupos parlamentarios de Eusko Alkartasuna. El portavoz de EA en la Cámara vasca, Rafael Larreina afirmó enterarse del nombre del candidato cuando este diario le pidió su opinión sobre él. Y Antton Karrera, portavoz de Esker Batua-IU, criticó al PNV por haber "difundido" la candidatura de Iñigo Lamarca el poco de planteársela a su formación y sin que ésta haya "adoptado una decisión al respecto", según señaló en un comunicado. Añadió que, aunque considera "un buen candidato" a este abogado donostiarra de 44 años, euskaldún y sin afiliación política, las formas empleadas por el PNV son "un mal comienzo", y recordó los anteriores fracasos.

Un acuerdo previo establecido entre el PSE y el PP deja en manos de los socialistas la designación del adjunto, lo que convierte a los socialistas en el interlocutor directo del tripartito. La elección del Ararteko era una de las asignaturas pendientes de los partidos, que habían desistido de plantear el debate debido al abierto desencuentro que preside sus relaciones. Primero fue la reelección fallida de Xabier Markiegi, quien tuvo que abandonar la institución en septiembre del año 2000 después de que PP y PSE bloquearan su designación para otro mandato en un pleno celebrado por el Parlamento en junio de ese año por un desacuerdo sobre su adjunto.

Después de este fracaso, Mertxe Agúndez, hasta ese momento adjunta, se hizo cargo de la institución en funciones y así ha seguido hasta ahora, ya que el otro intento cubrir el cargo también se saldó con otro fiasco. Joaquín Oquiñena, ex decano del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, fue designado Ararteko el 27 de marzo de 2002 gracias a los votos del tripartito -que fue quien lo promovió- y el PSE. Como contrapartida, los socialistas situaron como adjunto al entonces alcalde Irún, Alberto Buen. Dos semanas después, Oquiñena renunció al cargo tras recibir duras críticas del PP y del PSE por cuestionar la idoneidad de Buen como adjunto, tanto por su afiliación política como por haber desoído desde la alcaldía de Irún las recomendaciones del anterior Defensor del Pueblo vasco sobre el Alarde. La crisis devolvió el cargo a Agúndez, que sigue de manera interina.

Falta de colaboración

Desde aquel momento la negociación entre los partidos para renovar el cargo volvió al punto cero, hasta ayer que el PNV movió ficha y presentó a su candidato Iñigo Lamarca. El movimiento de los nacionalistas coincidió con la presentación del informe sobre la actividad del Ararteko durante 2003. En este ejercicio, la oficina atendió 1.377 quejas, 124 más que en el año anterior. La novedad del trabajo elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo Vasco reside en esta ocasión en un capítulo dedicado a la resistencia que ofrecen algunas administraciones a colaborar con la institución.

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En algunos de los expedientes de queja, la demora en atender a las solicitudes de información se prolonga más allá de un ejercicio, denunció la ararteko en funciones, Mertxe Agúndez. La información solicitada es finalmente facilitada, pero después de varios apercibimientos. Esta falta de colaboración genera "un evidente transtorno" para "la correcta intervención" de la institución, lo que impide resolver en un plazo adecuado las quejas que plantea la ciudadanía, lamentó Agúndez.

La falta de colaboración puede castigarse con una pena de suspensión de empleo o cargo público por espacio de seis meses a dos años. "Muchas veces hemos estado al borde de iniciar una actuación penal", advirtió Agúndez. Es el caso de la denuncia que el Ararteko presentó en 2001 contra el alcalde de Pasaia, Juan Carlos Alduntzin, de Batasuna, que rechazó colaborar porque la institución incluye en sus escritos el lema ETA no.

En el informe, el Ararteko cita los apercibimientos que realizó a lo largo de 2003, entre los que se encuentran los que hizo a los directores de gabinete de los departamentos de Interior, Vivienda y Educación del Gobierno vasco. Además, apercibió al director de Obras Públicas de la Diputación de Vizcaya y a los alcaldes de los ayuntamientos de Abanto y Ciérvana, Arrigorriaga, Atxondo, Bilbao, Carranza, Erandio, Galdakao, Plentzia, Portugalete, Sestao, San Sebastián, Orio, Pasajes. Agúndez consideró "especialmente grave" la actitud de los regidores de Carranza, Erandio y Galdakao.

Además, el informe recomienda a las diferentes policías que establezcan instrumentos de control frente a eventuales actuaciones irregulares y abusivas de los agentes.

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