"¿Tiene parte médico?"

Por primera vez, decenas de víctimas del 11-M se atrevieron a solicitar ayuda. Todos son extranjeros, todos están en situación irregular. "Aún me duele la cabeza y los oídos. No fui al hospital porque tenía miedo de recibir orden de expulsión", cuenta Miguel Simbana, inmigrante ecuatoriano que trabaja en Madrid como albañil desde hace dos años. Su historia se repite, como un triste eco, en el relato de al menos cincuenta familias que fueron atendidas el primer día de funcionamiento de la Oficina Municipal de Atención Integral a las Víctimas del Atentado del 11 de marzo, en el número 22 del Bulevar Peña Gorbea, en Puente de Vallecas (teléfono 010).

Hasta ayer, Miguel no tenía ninguna idea acerca del proceso extraordinario de regularización, ni de las ayudas ofrecidas por el Gobierno. Relata que, desde que sobrevivió al terrorismo en la estación de Atocha, se abstiene de mirar la televisión y leer los periódicos. "Los testimonios y las imágenes del atentado me ponen mal", afirma. Se enteró de este nuevo servicio a través de un paisano, y no dudó un segundo en acudir.

Miguel no fue al hospital: "El día del atentado había muchos policías en Atocha"

"Pensé que sólo se beneficiaban de las ayudas los heridos de gravedad", agrega. Explica que su cojera se debe a los golpes que sufrió en una pierna a consecuencia de la explosión. Con timidez responde a la asistente social que le pregunta su nombre, sus secuelas físicas, el tipo de ayuda que solicita... "¿Tiene parte médico?", le pregunta. Y el rostro de Miguel refleja impotencia. Un papel, sólo un papel se interpone entre la ayuda que pide y la que desea brindarle la funcionaria, una voluntaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo. "El día del atentado había muchos policías en la estación de Atocha; si me pedían papeles y recibía orden de expulsión, era lo último que podía pasarme. Por eso fui a refugiarme a casa, sin pasar por el hospital", responde Miguel.

Este es el principal obstáculo entre las personas como Miguel y las instituciones que brindan asistencia a los afectados por la tragedia. "Desafortunadamente, el parte médico es uno de los requisitos fundamentales. Si no lo tienen, les recomendamos que visiten un médico para que reciban un diagnóstico", explica María Jesús Soler, jefa del Centro de Servicios Sociales de Puente de Vallecas, que prestará atención a las víctimas del 11-M en horario continuo, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Junto a un equipo de 18 personas, entre abogados, médicos, psicólogos y mediadores sociales, asesorarán a las víctimas y les ayudarán a no perder tiempo en largos procesos burocráticos. "El objetivo es canalizar las ayudas a las dependencias correspondientes, así como brindar asesoría jurídica a los inmigrantes. Pero los criterios para otorgar indemnizaciones y tarjetas de residencia, están en manos del Ministerio de Interior", agrega Soler.

Ana también es ecuatoriana y lleva dos años en España. Cuenta que la explosión la arrojó del vagón y que milagrosamente encontró sano y salvo al pequeño Ariel, de tres meses de edad, con el que viajaba en brazos. Con el bebé aúpa, la mujer relata con voz quebrada: "No se cómo, pero caí al suelo y ahí mismo, llorando, estaba mi hijo". Con uno de sus pies lesionados, un bebé lloroso y el horror de los cuerpos destrozados, huyó de Atocha y de la ley de extranjería, según su relato. Tampoco tiene parte médico. Por eso, la esperanza de acceder a la regularización y a las compensaciones económicas será limitada. "Vi a un hombre sin la mitad del cuerpo, abrazado a su hijo muerto. Ignoro si murió también", recuerda Ana. Pero las palabras no sirven para certificar la situación de víctima. Sólo sirve un informe médico.

Éste no es el caso del colombiano William Ruiz Álvarez, solicitante de asilo político y superviviente del peor atentado ocurrido en España. El 11-M fue la tercera vez que las bombas le trastornan la vida. "En este momento estoy apelando el asilo, pues me lo negaron en octubre del año pasado. Pero más que papeles, ahora necesito medicinas, pues en el Gregorio Marañón no me las proporcionaron porque mi estado no era grave". Lleva el parte médico, la receta y un encefalograma que le hicieron tras sufrir fuertes dolores de cabeza. "También espero obtener la regularización, pues yo he venido a trabajar, no a mendigar". William es titulado en Colombia como diseñador gráfico y economista. "Si es necesario, puedo dedicarme a barrer las calles como un profesional", matiza.

Además de la carencia de parte médico, el idioma es otra dificultad para muchas de las personas que acuden a la nueva oficina. Ionel Dragos Tudorache, un albañil rumano, responde a las preguntas de la trabajadora social con un embrollado español. Dice que las pesadillas de trenes que explotan no le dejan dormir, que sus nervios están a flor de piel y que también escapó en Atocha de la nueva ley de extranjería. Luego contará con la ayuda de uno de los traductores de que dispone la oficina. Entre ellos figuran intérpretes de ruso, búlgaro, árabe, rumano, inglés y francés.

El 90% de las personas que acuden como víctimas a esta oficina son extranjeras. La preocupación de la mayoría es la regularización de su estancia en España. Sin embargo, aquí se asesora también sobre el trámite para otras ayudas. Por ejemplo, si un afectado perdió una pierna, aquí puede conseguir ayuda para tramitar el acondicionamiento de su vivienda; si quedó sin trabajo, podrá ser incluido en la bolsa de empleo; y si no tiene dinero como consecuencia del paro, le será facilitado el primer mes de alquiler de un piso. Para todo ello hay que demostrar, parte médico en mano, que fueron víctimas del 11-M.

El Ayuntamiento de Madrid, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Instituto Municipal para el Empleo y el Instituto Municipal de la Vivienda, están involucrados en esta iniciativa. "Asistiremos a todo el que lo necesite. Pero la concesión de las ayudas materiales y la regularización de los inmigrantes las decide el Ministerio de Interior", enfatizó Mario Moreno, uno de los coordinadores del dispositivo de asistencia.