Por las libertades y contra el terrorismo

Fue José Luis Rodríguez Zapatero, entonces líder de la oposición y secretario general del PSOE, empeñado en grandes acuerdos sobre políticas de Estado, quien propuso el 17 de noviembre de 2000 un pacto por la libertades y contra el terrorismo al Gobierno y a las fuerzas con representación parlamentaria. La propuesta fue recibida con rechifla en la banda gubernamental y el propio Mariano Rajoy se lanzó enseguida a desacreditarla. Luego hubo una reconsideración, el pacto se firmó el 12 de diciembre con toda solemnidad y después Aznar se apoderó del pacto y lo utilizó de forma unilateral de modo que los socialistas hubieron de enterarse de las iniciativas y acciones en éste área -recursos al Tribunal Constitucional o modificación del Código Penal, por ejemplo- mediante la lectura de los periódicos del día siguiente o la escucha de los informativos de la radio y la televisión.

La convocatoria del Pacto, que nunca estuvo disponible para los socialistas, sigue pendiente desde hace muchos meses y sólo podrá reunirse después de la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados del nuevo presidente, prevista para los días 15 y 16 de abril. Entre tanto, la misma noche del domingo día 14, cuando el escrutinio arrojó la victoria electoral del PSOE, la primera comparecencia pública ante la prensa de Zapatero empezó con un recuerdo emocionado para las víctimas del 11-M y la proclamación como prioridad de la lucha contra el terrorismo. Así que ¿de dónde viene la siembra de la desconfianza en la que parece haberse especializado el PP?, ¿por qué tantas advertencias al ganador en las urnas para que no se baje del autobús de la lucha antiterrorista como si continuar en él estuviera en cuestión?, ¿quién se bajó sino el PP del Pacto de Ajuria Enea suscrito por todas las fuerzas democráticas para acabar con ETA? ¿A cuento de qué el intento de presentar el triunfo del PSOE como deudor de Al Qaeda?

En cuanto a la presencia de las tropas españolas en Irak conviene recordar que la invasión de ese país se hizo para conjurar la amenaza de unas armas de destrucción masiva, de cuya existencia nunca más se supo, sin relación alguna con terrorismo de ninguna clase. Como tuvo ocasión de decirle un buen amigo periodista al ministro de Defensa, Federico Trillo, con ocasión de una visita a la base de Diwaniya el 28 de septiembre de 2003, allí había un dictador, un genocida, un satanás, pero de terrorismo ni rastro. Ese otro fenómeno criminal sólo ha surgido después de la invasión tanto en su dimensión interior, unido a la resistencia, como a escala internacional para servir de base a toda clase de grupos, con Al Qaeda incluido.

Sabemos además por ciencia propia, aprendida con sangre, que no se matan moscas a cañonazos, ni tiene utilidad alguna dar coces contra el aguijón como tampoco son de utilidad las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista. Buen trabajo costó a la naciente democracia española desmontar todo el tinglado de diferenciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del ámbito militar y terminar con los Tribunales Militares y los Consejos de Guerra que sólo servían para deslegitimar un empeño básico en el que tanto nos jugábamos todos. Terroristas y golpistas se alimentaban mutuamente y de una de esas alternancias nos vinieron diversas intentonas hasta culminar en la del 23 de febrero de 1981. Aprendimos de forma indeleble por última vez con el GAL que contra el terrorismo no hay atajos, sólo los instrumentos del Estado de derecho. Y esa enseñanza es válida sin restricciones territoriales. Por eso, el sistema seguido con los presos de Guantánamo nos interpela a todos directamente. Si lo consentimos allí acabaremos por tenerlo aquí. A Irak fuimos por otras razones y a cumplir otras tareas. Las condiciones para que nuestras fuerzas sigan allí fueron enunciadas por el próximo presidente del Gobierno en las mismas fechas en que se envió a nuestros soldados y en absoluto guardan relación con la masacre del 11-M. Intentar ahora una amalgama es contravenir la más elemental decencia.