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Reportaje:

La provincia del horror

Santiago del Estero, uno de los territorios más pobres de Argentina, vive sumido en continuas violaciones de los derechos humanos

Santiago del Estero

"Es la provincia del horror, el orden feudal y el caudillismo". Así define Fernando Rinaldi, de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina, la provincia de Santiago del Estero, uno de los territorios más depauperados del país. Un poder inmovilista que parecía eterno se descompone a marchas forzadas mientras el Gobierno federal se encuentra en la disyuntiva de intervenir o no la provincia. Las denuncias no cesan, incluida la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y quienes gobiernan la provincia se saben cada día más aislados.

Hablar de Santiago del Estero es hablar de los Juárez y el juarismo. De Carlos Arturo Juárez, el caudillo de 87 años que maneja todos los resortes de la provincia desde 1948 -más de 50 años en el poder-, y de su esposa, Mercedes Nina Aragonés de Juárez, gobernadora desde diciembre de 2002.

"Cuando entré, creía estar en los 70. Se respiraba la atmósfera de aquellos tiempos"

"Muchos crímenes siguen impunes. Los asesinos y violadores andan sueltos"

He aquí otra cara de Argentina. A 1.150 kilómetros al norte de Buenos Aires, Santiago del Estero está enclavada en medio de un cinturón de pobreza que se extiende desde Formosa y Chaco y llega hasta Tucumán y Catamarca. Detrás de la imagen apacible de una ciudad de provincias, la más antigua del país, con 450 años a cuestas, hay una realidad dolorosa de violaciones de derechos humanos y de impunidad, que los santiagueños padecen desde hace décadas.

Viejas prácticas de la dictadura siguen vigentes. Recientemente, ha salido a la luz el espionaje más grosero por parte del aparato de inteligencia de la policía, "la Gestapo de Santiago del Estero", según la denominan muchos ciudadanos. El escándalo saltó al descubrirse que el Departamento de Informaciones de la Policía (DIP) de la provincia, conocido como D-2, espiaba a miles de santiagueños. Más de 40.000 carpetas contienen los datos de otros tantos ciudadanos sobre su vida pública y privada.

Cristina Torres, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, visitó las dependencias de la D-2. "Cuando entré, creía estar en los años setenta", recuerda. "Se respiraba la atmósfera insoportable de aquellos tiempos". La periodista Marcela Espínola, de Radio Estudio Uno, figura en una carpeta que la describe como dirigente de una célula subversiva, según le confesó un antiguo agente del servicio de inteligencia. El obispo de la diócesis de Santiago del Estero, Juan Carlos Maccarone, también ha estado en el punto de mira del DIP, que ha espiado a varios cargos eclesiásticos.

Carlos Juárez ha negado todas las acusaciones en alguna declaración oficial, pero no atendió los reiterados requerimientos de este diario para una entrevista. Los portavoces gubernamentales suelen responder con acusaciones a "sectores de una militancia histórica conocida", "opuestos al peronismo" y que "tratan de socavar situaciones", en palabras de Guillermo Abregú, secretario de prensa del Gobierno provincial.

Los acontecimientos se han precipitado en los últimos tiempos y en la capital provincial se respira un aire de fin de régimen. Aliados clave de Juárez han sido destituidos o detenidos, el jefe de Gabinete y el ministro de Gobierno han dimitido, y otros empiezan a tomar distancias de cara al posjuarismo, como Néstor Carlos Ick, el pilar principal del poder económico. Para protegerse de las embestidas de la justicia, el anciano caudillo se ha hecho nombrar ministro de Economía de la provincia por la señora gobernadora.

El asesinato de dos muchachas en el llamado crimen de la Dársena, hace un año, fue la gota que rebasó el vaso y que sacó a la luz el horror que se vive en la Argentina profunda. Leyla Bsheir Nazar, de 22 años, hija de un inmigrante libanés, desapareció después de asistir a una de las fiestas frecuentadas por hijos de los poderosos, en las que abundan drogas y sexo. Patricia Villalba, de 26 años, fue secuestrada 20 días después, cuando salía de su trabajo en un puesto de frutas. La mañana del 6 de febrero de 2003, el cuerpo descuartizado de Leyla fue hallado en un descampado a pocos metros del cadáver de Patricia, que estaba con las manos atadas.

La crueldad del caso fue un mazazo para los santiagueños, que siguen sin saber qué hay detrás de la muerte de dos jóvenes inocentes. La sospecha es unánime: Leyla y Patricia vieron algo o alguien que no debían. Y en Santiago del Estero, a los testigos incómodos se les elimina. El malestar de la población fue de tal magnitud, que el Gobierno provincial se vio obligado a forzar la dimisión, entre otros, de la cúpula judicial y policial y del jefe del espionaje, el todopoderoso José Musa Azar, mano derecha de Juárez. Está detenido desde noviembre, acusado de ser el autor intelectual de la muerte de las dos chicas, aunque las malas lenguas aseguran que sigue impartiendo órdenes desde su cautiverio.

"Todos hablan ahora del doble crimen de la Dársena, aunque hay otros muchos crímenes que siguen impunes", recuerda el periodista Jorge Vida. "La cárcel de la provincia está llena de ladrones de bicicletas y de gallinas, pero los asesinos y violadores andan sueltos. La justicia depende del poder político y económico". Vidal es el coordinador de las Madres del Dolor, una organización que nació en 1998 para protestar contra los crímenes impunes y que ha adquirido notoriedad en el último año con las marchas que cada viernes recorren las calles de Santiago del Estero. "Empezamos pidiendo justicia por nuestros hijos y ahora ya pedimos justicia por todo", dice Olga Villalba, madre de la asesinada Patricia. Unas 150 causas de violaciones de derechos humanos están abiertas en la provincia, que incluyen unos 60 crímenes sin resolver.

Para el Gobierno del presidente Néstor Kirchner (peronista), la permanencia en el poder de los Juárez (también peronistas) es cada vez más incómoda. Los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos consideran que es tarde para decretar la intervención de la provincia, por tratarse de una decisión del alto coste político. Preferirían la renuncia de la gobernadora y de su marido, que siguen aferrados a sus puestos.

"Los crímenes impunes de hoy son los desaparecidos de ayer", observa Fernando Rinaldi, que viaja con frecuencia a Santiago del Estero junto al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Muchos testimonios pueden explicar historias dramáticas de violencia e intimidación, en las que siempre aparece la sombra de la policía provincial. Otros no están para contarlo. Como César Iturre, gobernador entre 1987 y 1991, que una vez en el poder rompió con el caudillo. Al dejar el cargo, la persecución de los Juárez fue implacable y buscó refugio en Paraguay. Los asesinos dieron con él en Asunción.

El anterior obispo de Santiago del Estero, Gerardo Sueldo, era un símbolo de la resistencia. Promovió la agrupación Madres del Dolor y creó la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, la primera y única en Argentina, y desde el púlpito convocaba a los fieles a rebelarse contra Juárez. Murió una madrugada de septiembre de 1998 en un accidente de tráfico que despertó grandes sospechas.

Dos años antes del golpe militar de 1976 los santiagueños ya vivían bajo un régimen dictatorial. "Los allanamientos eran moneda común. Se repetían las escenas de policías y militares rompiendo a culatazos las puertas de viviendas", explica un poblador de edad avanzada. El comisario general de la policía, José Musa Azar, fue una pieza esencial en la logística de la represión en las provincias de Tucumán, donde operaba el general Domingo Bussi, y Santiago del Estero. El nombre de Musa Azar figura en el informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).

Es probable que los Juárez tengan los días contados como gobernantes. Puede que acaben sentados en el banquillo o, quién sabe, fugitivos en otro país. El interrogante es: ¿y después, qué? "Eso no empezó con Juárez y es muy posible que no termine con Juárez", dice el sociólogo Luis Garay, que pasó toda la dictadura en la cárcel. "El problema es que no se vislumbran alternativas. Estamos deseando que caiga y al mismo tiempo temblamos por quién pueda venir".

Récord de permanencia en el poder

Carlos Arturo Juárez nació en el seno de una familia de clase media no influyente el 6 de febrero de 1917 en La Banda, la ciudad colindante con Santiago del Estero, al otro lado del río Dulce. Se casó con Luz Márquez, con la que tuvo dos hijas y un varón (fallecido). El segundo matrimonio, con Mercedes Nina Aragonés, esposa actual y gobernadora de Santiago del Estero, se celebró en México, pues en Argentina no había ley de divorcio en aquellos años.

Militante peronista, Juárez procede de Acción Católica, que representa al sector religioso más conservador de la provincia. En 1949 fue elegido gobernador de la provincia por primera vez, con Juan Domingo Perón como presidente de la nación. Estuvo en el cargo hasta el golpe militar de 1955, año en el que partió hacia el exilio. En 1973, regresó por segunda vez como gobernador, tras una maniobra que le permitió derrotar a su rival en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ, peronista). Tras el golpe de Estado de 1976 partió de nuevo hacia el exilio. Según una versión de José Musa Azar, antes del levantamiento militar, Juárez mantuvo una reunión con el general Jorge Rafael Videla, quien le anunció la inminente rebelión.

Después de un prolongado exilio en Europa, el caudillo regresó a Argentina en mayo de 1982, en plena guerra de las Malvinas. Recuperada la democracia, ganó las elecciones que le colocaron al frente de la gobernación de Santiago del Estero hasta 1989. El 16 de diciembre de 1993 estalló el santiagueñazo. El gobernador era Fernando Lobo, peronista como Juárez, mientras que el presidente de la República era Carlos Menem, también peronista. La ira popular, contenida desde hacía demasiado tiempo, estalló ante el impago de los salarios de los 45.000 empleados públicos. Las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial fueron pasto de las llamas, así como la residencia de varios dirigentes políticos. Menem habló de un acto de sedición y ordenó la intervención de la provincia por parte del Gobierno federal.

En las siguientes elecciones, una vez más el ganador fue Juárez, reelegido para un quinto mandato. Dimitió a medio camino para asumir como senador de la nación. Todo estaba perfectamente calculado. Su esposa asumió primero como vicegobernadora y en diciembre de 2002 se convirtió en la máxima autoridad provincial.

El "líder y conductor" y el "protector ilustre de Santiago del Estero", como le llaman sus acólitos, pasó momentáneamente a un segundo plano, pero no por ello dejó las riendas del poder. Carlos Juárez conoce a su pueblo como pocos.

Ésta es, sin duda, la clave del éxito de su política paternalista, basada en el asistencialismo. Su popularidad es mayúscula en las zonas rurales, donde profesan veneración por el tata Juárez (padre en quechua), que es capaz de enviar cartas personalizadas a los campesinos, interesándose por sus problemas, cuando se acercan las elecciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de marzo de 2004

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