El PP pide a la Diputación de Cádiz que reclame al Gobierno las obras pendientes

La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Cádiz, Patricia Ybarra, denunció ayer que el Observatorio de las Infraestructuras, un organismo "independiente e imparcial" creado por la corporación provincial en 2001 para analizar la situación de las obras pendientes de las distintas administraciones en el territorio gaditano, está "paralizado" desde hace casi dos años sin que haya emitido ningún nuevo informe sobre las carencias o el grado de ejecución de las actuaciones que se consideran fundamentales para el desarrollo de Cádiz.

En este sentido, la dirigente popular instó al gobierno de la Diputación, formado por PSOE, PA e Independientes Portuenses (IP), a "reactivar" este observatorio para "seguir reclamando" ante el nuevo Gobierno y la Junta de Andalucía, ambos del PSOE, las infraestructuras pendientes. "Es necesario que el observatorio se reúna de inmediato con la clara intención de que marque las nuevas prioridades a las administraciones correspondientes", dijo Ybarra.

Para el PP, cinco son las grandes prioridades que deben ejecutar Gobierno y Junta en la próxima legislatura. Una de ellas es la liberación de la autopista AP-4, que une Sevilla y Cádiz, que es la única vía rápida de pago sin autovía alternativa en Andalucía. La promesa incumplida del PP, especialmente de Teófila Martínez, de eliminar el peaje, ha sido utilizada reiteradamente por el PSOE como ariete para atacar la gestión política de los populares. Así, Ybarra exige ahora que la Diputación "reivindique" a Gobierno y Junta que acaben con el peaje.

En este sentido, fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes confirmaron que ésta será una prioridad del nuevo Ejecutivo de Manuel Chaves. Para acabar con los dos peajes de la autopista, situados en Jerez (Cádiz) y Las Cabezas de San Juan (Sevilla), la Junta se decanta ahora por la primera oferta que planteó en 1999 Chaves al anterior ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado. El Ejecutivo autonómico quiere que la Junta y el Ministerio de Fomento, que estará dirigido por Magdalena Álvarez, sufraguen a partes iguales el coste de la compensación a Aurea (antigua Aumar) concesionaria de la explotación hasta 2019 por el lucro cesante, un canon anual que podría rondar entre los 18 y los 21 millones de euros.