Deuda pública
La noticia económica más importante de la semana pasada ha sido, sin duda, la confirmación de la propuesta de Pedro Solbes como futuro vicepresidente del Gobierno para asuntos económicos. Es una noticia positiva por varios motivos: el primero, que se ha producido con celeridad; el segundo, que el responsable de la política económica, al igual que ha sucedido en los gobiernos del Partido Popular, va a tener un rango superior al del resto de ministros económicos, lo que asegura la coherencia y unidad de acción de la política económica; el tercero, que Pedro Solbes reúne características personales y profesionales más que suficientes como para ser un buen director de la economía española. Todo ello ha transmitido tranquilidad y confianza a los agentes económicos, superándose así uno de los elementos de incertidumbre tras la conmoción del 11-M y la sorpresa de los resultados electorales. Con el equipo económico que se perfila para la nueva legislatura parecen asegurados los tres pilares en los que debiera basarse la política económica de los próximos años: estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y reforzamiento de las políticas más directamente ligadas con el potencial de crecimiento (educación, I+D, infraestructuras). ¡Suerte!
La llegada de Pedro Solbes ha transmitido tranquilidad y confianza a los agentes económicos
En cuanto a los datos más interesantes de los últimos días, la Intervención General del Estado ha publicado las cuentas del conjunto de las administraciones públicas de 2003 y el Banco de España, la deuda pública desagregada por niveles de administración al finalizar el pasado año. Las cuentas de nuestro sector público se han cerrado provisionalmente con un saldo positivo (superávit) de 2.574 millones de euros, equivalentes al 0,35 del PIB. Se mejora, por tanto, la previsión de déficit cero de los Presupuestos Generales del Estado para 2003. Sin embargo, como ya he comentado en otras ocasiones en esta columna, ello no significa que nuestros gobiernos (central, autonómicos y locales) hayan hecho un esfuerzo adicional al presupuestado desde el lado del gasto para mejorar las previsiones. Simplemente, siguiendo la tónica observada desde 1998, se han encontrado con mayores recursos de los previstos, debido a que el crecimiento nominal de la economía ha sido superior como consecuencia de la mayor inflación, lo que les ha permitido generar el superávit señalado aún gastando también más de lo presupuestado. Si nuestros gobernantes se hubieran atenido estrictamente al techo de gastos presupuestados, hoy podríamos encontrarnos con un superávit mucho mayor. Pero, en fin, aunque todo es y debe ser mejorable, la herencia para los próximos gobernantes no es mala, sino mucho mejor que la que los ahora cesantes se encontraron en 1996.
El superávit señalado y otros factores diversos (por ejemplo, la disminución del valor de la deuda nominada en divisas distintas del euro al apreciarse éste) han permitido que la deuda pública disminuya en valores absolutos por primera vez desde hace muchísimos años, situándose en un valor equivalente al 50,8% del PIB, unos 13 puntos del PIB por debajo de la media de la UE (gráfico izquierdo). Desde 1996-1997 tanto las administraciones territoriales en su conjunto como, sobre todo, el Estado están contribuyendo a la disminución del peso de la deuda en relación al PIB (gráfico central), aunque, como se ve en el gráfico derecho, hay grandes diferencias por comunidades autónomas. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
