Los jueces dan un varapalo a cinco proyectos emblemáticos del PP

Los tribunales de justicia han propinado fuertes varapalos a proyectos y decisiones adoptadas por los gobiernos del PP en la Generalitat y en los ayuntamientos de Valencia y Alicante. En los tres primeros meses de 2004 se han anulado las compensaciones por las expropiaciones de Terra Mítica y su entorno, la privatización de la televisión pública valenciana, o se ha confirmado la paralización cautelar de planes urbanísticos en torno al Palacio de Congresos de Alicante y la prolongación de Blasco Ibáñez en Valencia. También se ha validado el título de Filologia Catalana.

Cuatro sentencias han rectificado la política de expropiación de terrenos para Terra Mítica

La Generalitat ha tenido que modificar la Ley de Patrimonio para realizar sus planes

Los reveses han llegado en alguos casos por políticas desarrolladas por anteriores cargos políticos del PP, como el ex presidente Eduardo Zaplana, y prácticamente han coincidido en el tiempo con la víctoria del PSOE en las elecciones generales.

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, tras topar reiteradamente contra la Justicia ha reculado, aunque inicialmente de manera parcial, en su empeño de levantar un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil, hito del patrimonio histórico-artístico de la ciudad que corona la fortaleza árabe de Santa Bárbara. El auto de hace dos semanas del TSJ, que anulaba parcialmente el Plan Especial de Protección del Castillo de Santa Bárbara y mantenía la suspensión cautelar de cualquier obra en ese flanco, coincide, en parte, el discurso de la oposición y de los colectivos vecinales, y apunta al barrio de La Sangueta como emplazamiento para la anhelada dotación. Alperi opta por esta nueva ubicación por su cercanía a la fachada marítima de la ciudad.

En el ánimo de Alperi ha pesado también la presión de los sectores económicos y turísticos de la ciudad que reclaman con insistencia la dotación y veladamente han exigido una alternativa a raíz del último auto del TSJ.

Con todo, Alperi ha dado órdenes para recurrir la resolución. El primer edil, admite que el litigio en los tribunales se puede prolongar por espacio de cinco años, "y la ciudad no puede estar ese tiempo sin palacio de congresos", precisa. De ahí que haya optado por cambiar de ubicación. Pero en el supuesto de que finalmente ganara la batalla jurídica a los partidos en la oposición, PSPV y EU, y la plataforma cívica Salvem el Benacantil, Alperi propone levantar en el Benacantil una dotación menor, una especie de auditorio.

La repentina marcha atrás de Alperi ha llenado de gozo a los portavoces del PSPV y EU, Blas Bernal y Susana Sánchez, respectivamente. "En nueve años no tenemos palacio de congresos por la cabezonería del alcalde", dice Bernal. "Han sido las resoluciones judiciales lo que le ha hecho [al alcalde] recapacitar", añade Sánchez. Ambos reclaman consenso, al igual que el exultante Francisco Huesca, portavoz del colectivo Salvem el Benacantil, que allá por 1997 inició la batalla judicial. Huesca, no obstante, insistió en que el monte quede a salvo del pico y la pala, "ni palacio ni auditorio, nos opondremos a cualquier construcción en el monte", remarca.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por su parte, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que desestima su recurso y avala la decisión del TSJ de paralizar el derribo de la zona de viviendas protegida de El Cabanyal para prolongar Blasco Ibáñez hasta pronunciarse sobre la legalidad del plan, "no hace variar la situación actual del proyecto". Aseguró que seguirá desarrollando el 98% del proyecto.

Los obstáculos para llevar a cabo estos dos planes urbanísticos de Alicante y Valencia han motivado la decisión de la Generalitat de introducir modificaciones en la Ley de Patrimonio aprobada por las Cortes durante el mandato popular.

También esta semana se ha dado a conocer la sentencia del TSJ que considera injustificada la decisión de la Generalitat de excluir la titulación de Filologia Catalana como forma de acreditar conocimientos en valenciano y así evitar la prueba en las oposiciones a Secundaria y otros cuerpos. El consejero de Educación, Esteban González Pons, ha declarado que recurrirá la sentencia si es posible.

A estos fallos se unen las cuatro sentencias del TSJ -la última el 29 de enero- que han dado al traste con la política de expropiaciones de la Generalitat para la construcción de Terra Mítica y el entorno lúdico y hotelero. Los 17, 9 millones de euros que la Administración pagó por los diez millones de metros cuadrados afectados se han convertido en casi 100 millones. El sobrecoste tendrá que salir de las endeudadas arcas públicas para compensar a los propietarios que recurrieron la valoración de lo terrenos del Jurado Provincial de Expropiaciones Forzosas de Alicante. Este organismo calificó dicha superficie, en su mayoría arrasada por un incendio en 1992, como forestal. En reiteradas ocasiones, el TSJ ha dejado claro que la Generalitat, presidida entonces por Eduardo Zaplana, recalificó después los terrenos como urbanizables para poder ejecutar el proyecto. Y ello suponía que se privaba a los propietarios del beneficio de la explotación. La misma política se ha seguido en proyectos aún en desarrollo como La Ciudad de la Luz en Alicante y el Aeropuerto de Castellón, lo que ya han generado las primeras impugnaciones.

El 11 de febrero, la titular del juzgado contencioso-administrativo número dos de Valencia, estimó el recurso de UGT contra el acuerdo del consejo de administración del ente público que permitió el 31 de marzo de 2003 la convocatoria de tres concursos para privatizar 1.884 horas de programación, los servicios informativos y la gestión de la publicidad. La juez sentenció que tal acuerdo vulneraba la Constitución, la Ley del Tercer Canal, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Creación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).