La Audiencia ordena investigar la recalificación del campus del SCH

La Audiencia de Madrid ha decidido reabrir las diligencias por supuestos delitos de estafa, prevaricación y cohecho que supuestamente afectan a los promotores de la ciudad financiera que el Banco Santander Central Hispano (SCH) construye en Boadilla del Monte. El campus ocupa unos dos millones de metros cuadrados. Las diligencias se han reabierto tras un recurso interpuesto por la llamada Asociación de Afectados por el Desarrollo Urbanístico del BSCH, M-511 y M-50, integrada por 25 antiguos propietarios del suelo adquirido por el banco.

Los integrantes de esta asociación aseguran que fueron engañados por el Ayuntamiento y que vendieron sus terrenos a precio de suelo rústico, a pesar de que la idea del Consistorio era, desde el principio, recalificarlos como urbanizables y entregar las plusvalías al banco. Otros afectados afirman que la entonces alcaldesa de Boadilla, Nieves Fernández, del PP, prevaricó al negarse a recalificar a los propietarios originales los terrenos que poseían en la zona.

El tribunal ordena al Juzgado número 8 de Móstoles que practique diligencias tendentes a "afirmar o descartar la existencia" de los citados delitos. Así, los jueces ordenan al juez instructor que cite a declarar a la ex alcaldesa de Boadilla y a "los responsables legales" de la compañía Centros de Equipamientos Zona Oeste, SA, la sociedad que el SCH constituyó para la adquisición de los terrenos sobre los que en la actualidad se levanta esta gigantesca ciudad bancaria, que incluye oficinas, campos de golf y zonas residenciales.

Los jueces también ordenan que se averigüe la intervención del arquitecto Leopoldo Arnáiz en la redacción del planeamiento urbanístico de Boadilla en lo que respecta a esta ciudad financiera. En concreto, quieren conocer su intervención "en la modificación de los planes urbanísticos y en la recalificación del terreno", si cobró alguna comisión "o recompensa" por su labor y exigen que para ello se interrogue al secretario del Ayuntamiento.

El objetivo de la instrucción

El tribunal razona: "Después de ello, el juez instructor, con plena libertad de criterio, deberá decidir a quienes puede afectar como imputados y en su caso la continuación de la causa (...), pues no puede afirmarse la presencia de delito, ni la participación de personas concretas en los mismos, pero tampoco puede descartarse, y por ello es preciso investigar, que es el fin de la instrucción".

Según la Audiencia, en este proceso no cabe descartarse "sin una investigación razonable" la existencia "de delitos de cohecho, prevaricación y estafa", cohecho en el sentido de averiguar si alguien ha cobrado alguna "remuneración indebida".

Camilo Soler Checa, abogado de los afectados, señala que Arnáiz cobró dinero del SCH por convencer a los propietarios del suelo para que lo vendiesen a la sociedad creada al efecto por el banco. Arnáiz también cobró del Ayuntamiento de Boadilla, puesto que fue la persona a la que el Consistorio encomendó la redacción del planeamiento urbanístico y que, por tanto, actuaba como funcionario público.

Y prevaricación en el sentido de averiguar si la ex alcaldesa tomó decisiones injustas al recalificar los terrenos en los que se iba a construir la ciudad bancaria y mantener como rústicos otros de la misma zona -"Arnáiz recalificó sólo los terrenos para el banco", sostiene el letrado Camilo Soler-; y averiguar también si tan masiva recalificación de terrenos para la entidad se "hizo en atención a intereses generales o particulares". Y, finalmente, si concurre el delito de estafa; es decir, "si con omisión dolosa de hechos o planes conocidos se influyó en los propietarios primitivos, para que decidiera un acto de disposición perjudicial a sus intereses", según describe la Audiencia en el auto en el que ordena reabrir las pesquisas.

La Audiencia señala que no va a señalar en este momento las personas contra las que debe dirigirse el proceso, puesto que ello "en buena parte dimanará del resultado de lo que se investigue" y será el instructor quien decida si los llama como "imputados o en calidad de testigos".

Doble cobro

En la reapertura de este caso ha sido crucial la intervención del testigo Luis Arranz Adrados. En síntesis, Arranz ha declarado que el arquitecto Arnáiz cobró dinero del SCH por sus gestiones ante los antiguos propietarios del suelo para su adquisición a favor de la entidad y, a la vez, cobró del Ayuntamiento como redactor del planeamiento urbanístico. "El testigo ha demostrado que una sociedad de Arnáiz percibió 3.400.000 pesetas del SCH por actuar como mediador suyo en la adquisición de los terrenos", destaca el abogado Camilo Soler. Este testigo ha mantenido una relación "de carácter profesional" con Arnáiz desde 1996.

Según ha declarado Arranz ante el juez instructor de Móstoles, Arnáiz le llamó en 1998 para proponerle que le ayudara a conseguir terrenos en Boadilla para el SCH, ya que él era el redactor del plan general y sabía que la entidad pretendía establecerse allí.