Los condenados por el naufragio de Banyoles se libran de la cárcel

Los dueños de L'Oca, la embarcación que naufragó en el lago de Banyoles en 1998 -accidente en el que fallecieron 21 jubilados franceses-, no empezarán a cumplir los tres años de cárcel a los que fueron condenados hasta que el Gobierno decida sobre la petición de indulto. La Audiencia de Girona revocó ayer, cuando se cumplía el límite fijado para entrar en prisión, la orden de ingreso en presidio dictada por el juez.

El plazo habitual de tramitación de un indulto concluiría dentro de un año. La defensa de Bartomeu Gayolà y Simó Rodríguez considera que la decisión de la Audiencia será muy beneficiosa para las víctimas y sus familiares. "La entrada en presidio hubiera obligado a una subasta judicial y se habrían malvendido los bienes con los que los condenados pretenden pagar las indemnizaciones a las víctimas", explicó el abogado Carles Monguilod. Ahora, agregó el letrado, los condenados podrán continuar con sus esfuerzos para reunir el dinero. Todas las operaciones tendentes a obtener la liquidez necesaria para las indemnizaciones están controladas por un administrador judicial.

Monguilod mostró su confianza respecto a la futura concesión del indulto. La defensa ha solicitado únicamente que se indulte una tercera parte de la pena, que quedaría reducida así, en caso de concederse, a dos años. Partiendo de esta condena, la resolución de entrar o no en presidio correspondería de nuevo a una instancia judicial. Con ello, la decisión de que los dos únicos condenados por el trágico naufragio eludieran la cárcel no sería atribuible al Gobierno. Las acusaciones particulares de los familiares de las víctimas reclamaron el cumplimiento total e inmediato de las condenas. Con la suspensión del ingreso en prisión, la Audiencia ha aplicado un criterio habitual en este tipo de casos.