El Gobierno eximirá de declaración ambiental el soterramiento de la M-30

Esperanza Aguirre, presidenta regional, está dispuesta a respaldar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en su proyecto electoral estrella: el soterramiento de 12 kilómetros de la M-30. Fuentes del Gobierno regional manifestaron ayer que el Ejecutivo de Aguirre eximirá de declaración de impacto ambiental las obras de soterramiento de esta autovía de circunvalación, tal y como reclamaba el alcalde. Ruiz-Gallardón le había pedido a Aguirre que no le obligase a realizar este trámite administrativo -que se puede alargar casi dos años- porque entonces las obras no estarían acabadas en 2007, año electoral.

Aguirre, que en principio se mostró remisa a eliminar este trámite -"haremos lo que diga la ley", señaló en varias ocasiones cuando fue preguntada al respecto-, ha encontrado ya una manera de echar una mano a su compañero de partido. El pasado febrero, el Ministerio de Fomento cedió al Ayuntamiento, mediante la firma de un convenio, la M-30, que hasta ese momento era de propiedad estatal. En el convenio se describe esta autovía de circunvalación como una vía urbana de la capital, por lo que, según la ley, no debe ser sometida a declaración de impacto ambiental. "En el convenio firmado entre Fomento y el Ayuntamiento se determina que la M-30 es ya una calle dentro del casco urbano de Madrid", afirmaron las fuentes oficiales ayer consultadas.

En concreto, el convenio señala claramente que la M-30 y algunos ejes adyacentes, "con el paso del tiempo y el desarrollo económico y social, han quedado absorbidos todos ellos dentro del núcleo urbano de la ciudad y su entorno metropolitano". Además, "la M-30, vía de gran capacidad, tiene carácter urbano" y da "servicio a tráficos de ámbito local".

Por su parte, el apartado 91 del anexo segundo de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad establece que los subterráneos que se construyan dentro de las áreas urbanas -Gallardón quiere enterrar la M-30- no necesitan someterse a declaración de impacto. "Con estos antecedentes", manifiestan las citadas fuentes del Gobierno, "no será necesario realizar la declaración ambiental".

Algo que, sin embargo, la oposición municipal y regional (PSOE e IU) siempre ha negado.El Gobierno regional no quiere que la exención de declaración de impacto ambiental de las obras de soterramiento de la M-30 provoque una enorme polémica ciudadana. Por eso, el Ejecutivo prepara una batería de condicionantes ambientales que intentará paliar los posibles daños al entorno que provocarán las obras. "Serán, sin duda, condicionantes muy duros", señalan fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Toda la M-30 está rodeada de viviendas, unos 15 kilómetros discurren paralelos al río Manzanares y su subsuelo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Estas tres circunstancias (protección de los vecinos, defensa medioambiental y cultural) marcarán notablemente los condicionantes que impondrá el Gobierno regional.

El Ejecutivo de Aguirre sabe que, por el momento, el horizonte legal de la obra permanece despejado, ya que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, archivó en febrero un escrito que el grupo municipal de Izquierda Unida le había remitido para que exigiera al Ayuntamiento de Madrid la realización de un estudio de impacto medioambiental previo al inicio de las obras de reforma de la M-30, proyectadas por Ruiz-Gallardón. "Ningún precepto de nuestra legislación autoriza al ministerio fiscal para la adopción de medidas respecto de la elaboración por las corporaciones locales de proyectos de obras, ni mucho menos le atribuye la función de garantizar la corrección de tales proyectos", respondió el fiscal.

Comisión Europea

Sin embargo, estos argumentos no convencen a la oposición.

El diputado socialista Carlos Carnero González preguntó hace un mes en la Comisión Europea si ésta conocía la intención de Ruiz-Gallardón de que el Gobierno regional le eximiera de realizar previamente el preceptivo informe de impacto ambiental. El diputado preguntó a la comisión: "Esta autopista de 32 kilómetros, con una intensidad diaria de 200.000 vehículos, discurre por una zona ambiental sensible (...). Los proyectos de obra se están redactando sin que exista ningún estudio de conjunto que haya sido objeto de análisis ambiental, que el Gobierno regional parece considerar innecesario, ya que están tramitando la exención del mismo".

Y añadió: "¿Conoce la Comisión estos hechos? ¿Tiene la intención de recabar la información de las autoridades españolas competentes? ¿Estima que eximir estas actuaciones del informe de impacto ambiental se ajusta a la legislación comunitaria? ¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar el cumplimiento de la misma?".

Por el momento, la Comisión Europea no ha respondido, pero el Gobierno de Esperanza Aguirre ya avanza que, en su opinión, las obras podrán comenzar cuando así lo decida el alcalde.