La juez del 'caso Mercalicante' imputa a otros 2 ejecutivos y volverá a interrogar al ex gerente

La titular del Juzgado número 1 de Alicante, María Cristina Costa, instructora del caso Mercalicante ha ampliado el listado de imputados a otros dos ejecutivos. El número total de acusados por su implicación en el supuesto desfalco de seis millones de euros se eleva a nueve. La magistrada retoma la investigación tras revocar su decisión de ampliar las responsabilidad penal al alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, y los otros cuatro miembros del comité ejecutivo. Las nuevas diligencias incluyen un segundo interrogatorio al principal acusado, el ex gerente José Emilio Clavero.

Los nuevos imputados -Fernando Barroso, directivo de la firma Tenos, y Carlos Losada, técnico del Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI)- son consecuencia de la admisión a trámite de la ampliación de la querella de Mercalicante contra el ex gerente y los responsables de las firmas en las que supuestamente éste se apoyó para consumar el desfalco. Esas empresas son tres mercantiles a las que Clavero arrendó las nuevas naves frigoríficas y una cuarta encargada de poner en marcha un proyecto de venta electrónico.

Los dos nuevos acusados son los responsables, según los querellantes, de dar aparencia de funcionamiento real al proyecto de mercado electrónico en la empresa agroalimentaria. Estos dos imputados están citados a declarar el día 2 de abril. A largo del próximo mes la magistrada tomará, de nuevo, declaración a la mayoría de los imputados, entre ellos, el principal acusado, el ex gerente, José Emilio Clavero, que ha sido citado para el 26 de abril.

La juez ha acordado las nuevas diligencias del caso Mercalicante, descubierto en junio de 2002, tras dictar dos sorpresivos autos, que revocan resoluciones anteriores de la propia magistrada. Los autos, con fechas del pasado 9 y 10, decretan, primero, el archivo de una querella del PSPV y, segundo, levantan la imputación al alcalde, Luis Díaz Alperi, y los otros cuatro miembros de la comisión ejecutiva, entre ellos otros dos ediles del PP. La juez argumenta su primera decisión en la no personación del querellante [el PSPV] a través de la acusación popular y, la segunda, como consecuencia de la primera y, además, "porque del estado de la instrucción no se deducen motivos para llamarlos a declarar ahora bajo esa condición [la de imputados]".

Los abogados del PSPV y de la acusación popular que ejerce un representante del movimiento vecinal ya han presentado los respectivos recursos de apelación, que tendrá que resolver la Audiencia de Alicante. El asesor jurídico de los socialistas denuncia "indefensión" y "vulneración" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Según esta parte, la LEC no fija plazos para la personación en la causa.