Fiscales, partidos e instituciones critican "la última" del fiscal general

Para las asociaciones de fiscales, la decisión del fiscal general Jesús Cardenal es "desafortunada", "sorprendente" y "no tiene precedentes". El portavoz de la conservadora

Asociación de Fiscales (AF), Martín Rodríguez Sol, dijo que el fondo "existe buena intención", aunque admitió que lo habitual es que cada fiscalía decida sobre las denuncias que recibe.

Desde el PSOE, Juan Fernando López Aguilar, tachó de "jurídicamente descabellada" la medida. Para el dirigente socialista, la actitud del fiscal general es "sumamente desafortunada desde el punto de vista jurídico, y reveladora desde el punto de vista político". El diputado socialista Diego López Garrido apostilló que la orden de Cardenal tiene su origen en la "rabieta" del PP por la derrota electoral y su propósito de "empañar" los resultados.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida significó que "ni al PP ni a Aznar les toca administrar el próximo período político". En nombre de ERC, su portavoz parlamentario en Cataluña, Josep Huguet, aseguró que "por la misma regla de tres, quizá debería llevarse a la Fiscalía a los responsables políticos del Gobierno, que han tenido durante más 48 horas a 40 millones de españoles y muchos europeos bajo el riesgo de gravísimos atentados".

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, preguntó a Cardenal "dónde estaba hace una semana, cuando el Gobierno ocultó información sobre la matanza de Madrid."

El portavoz del BNG, Anxo Manuel Quintana, dijo que su formación no apoyará las acciones "que tengan como objetivo saldar cuentas sobrepasadas por los ciudadanos".

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que lo que debería estudiarse es si la orden del fiscal general supone una "presunta conducta de prevaricación".

El presidente de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, calificó como un "error fuera de lugar" la iniciativa de Cardenal y aseguró que "la expresión o manifestación espontánea de los ciudadanos debe respetarse".

Consejeros autonómicos

A todas estas reacciones se sumaron las emitidas por los consejeros de Justicia de Cataluña y del País Vasco, Josep María Vallés y Joseba Azkarraga, respectivamente. Vallés estimó que Cardenal actúa con "criterios políticos" y "ha tomado de nuevo una decisión muy coherente con su trayectoria desde que lo nombró el Gobierno del PP".

A su vez, Azkarraga estimó que la decisión de Cardenal es un "escándalo" y opinó que éste debería haber abierto diligencias contra el Gobierno "por mentir a la sociedad sobre la autoría del atentado del 11 de marzo".

La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura ha puesto en marcha una "campaña de autoinculpación" y anima a los ciudadanos a "autoinculparse" en las concentraciones.