Los socialistas piden que se paralice la venta de suelo público

El PSOE quiere poner en marcha cuanto antes su plan de choque para facilitar el acceso a la vivienda y frenar la escalada de precios, que tiene previsto llevar al primer Consejo de Ministros del futuro Gobierno. La prioridad máxima será la promoción de 180.000 pisos asequibles al año, tanto para compra como para alquiler. Mientras tanto, responsables socialistas han

pedido al Ejecutivo en funciones que, durante el proceso de traspaso de poderes, se abstenga de vender suelo público, terrenos que el PSOE ha prometido destinar preferentemente a viviendas protegidas.

Se estima que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, organismo dependiente del Ministerio de Defensa que se encarga de la enajenación del terreno, tiene previsto este año vender al mejor postor cerca de un millón de metros cuadrados de suelo. Con los actuales precios de mercado, estos terrenos tendrían un valor de entre 150 y 200 millones de euros.

Los socialistas han pedido al Gobierno en funciones información detallada sobre los concursos en marcha y que no se inicie ningún expediente de venta.

Grandes operaciones

Con carácter general, el futuro Ejecutivo socialista analizará el estado de las grandes operaciones urbanísticas en marcha para decidir si es necesario promover su redefinición para dar cabida a sus planes de promover más viviendas protegidas (tienen un precio máximo y contemplan ayudas para su compra).

La Operación Chamartín, la mayor de los últimos años y la más controvertida, es una de ellas. Los planes para la prolongación del Paseo de la Castellana en Madrid

prevén la construcción de unas 20.000 viviendas, de ellas cerca de 2.000 protegidas. El PSOE considera que este número es insuficiente.

Esta operación se encuentra paralizada desde el año pasado. La entrada de los socialistas en el consorcio que gestiona su desarrollo podría forzar un cambio, aunque el futuro Gobierno no lo tendrá fácil, ya que en el consorcio también están presentes el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid, ambos del PP, y las decisiones se deben tomar por consenso.

Los socialistas han pedido una auditoría al respecto para recabar información y decidir el próximo paso a dar. Casi dos terceras partes de los terrenos proceden de Renfe.