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El fiscal pide 26 años a un inspector de la Policía Nacional implicado en una red de tráfico de drogas

Antonio Miguel Gallardo, inspector de la Policía Nacional adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana cuando fue detenido en 2002 tras haber sido trasladado de distintas unidades y con al menos dos expedientes abiertos en el cuerpo policial, prestó declaración ayer ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Valencia. El fiscal pidió para él 26 años de prisión.

Le acusa de un delito contra la salud pública, uno de detención ilegal, uno de falsedad en documento público y otro de depósito de municiones. Junto a él ofrecieron su testimonio en calidad de imputados otras siete personas. Todos ellos, según el relato del ministerio fiscal formaban parte de un grupo dedicado al robo en viviendas y establecimientos, distribución de sustancias estupefacientes y utilización de uniformes y elementos acústicos y distintivos de la Guardia Civil para hacerse pasar por agentes del instituto armado.

El fiscal considera a Aoued Affane el encargado de la dirección, planificación, determinación de objetivos y supervisión de las actuaciones. Cuatro más de los acusados están considerados miembros de la red y otros tres, entre los que se encuentra el inspector de policía, prestaban cobertura en determinados hechos concretos.

El inspector de la policía, por ejemplo, asesoró al principal procesado cuando en la huida tras un robo en una vivienda perdió su documentación. Según el escrito del fiscal, Gallardo le recomendó que denunciara varias cosas en relación con los efectos que perdió, que se marchara unos días y consiguiera documentación que acreditara que el día del robo estaba fuera. Lo que el acusado consiguió a través de conocidos en París.

Consta que, además de prestar cobertura en robos de sustancias estupefacientes a camellos haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil, detuvo por indicación y conveniencia de sus cómplices a una persona con 3.000 pastillas en el bar Cánovas, uno de los locales que frecuentaban.

En el registro domiciliario que la policía practicó en la vivienda del inspector tras descubrirse la trama en verano de 2002, se incautaron de 3.000 cartuchos de diferente calibre, varias pistolas y escopetas sin guía ni pertenencia, dos carabinas, tres pistolas y varias licencias a su nombre como agente de la Policía Nacional.

El fiscal ha computado para todos los procesados un total de 17 delitos, que van desde diferentes tipos de robo al tráfico de drogas o la falsedad en documento mercantil. La suma de las penas que pide para todos los imputados es de más de 67 años de prisión. Además, los procesados deberán indemnizar a siete víctimas de robos, sustracciones, daños y atracos (entre metálico y joyas) en más de 5.000 euros. Al juicio están citadas como testigos 47 personas, por lo que la sala ha fijado sesiones para todos los días de esta semana. Las conclusiones serán el viernes

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de marzo de 2004