Padres de disminuidos psíquicos denuncian una celda de castigo en un centro de Coín

La antigua dirección de un centro psiquiátrico de Coín maltrataba a disminuidos psíquicos aislándolos en una celda de castigo, según la denuncia que una asociación de padres de los afectados ha presentado ante la Fiscalía. La asociación, que dirige la residencia desde hace un año, descubrió "un zulo" con las paredes forradas de esponja. Cuentan con el testimonio de trabajadores y uno de los enfermos, y con fichas con las actitudes de los enfermos frente al castigo físico, verbal o aislamiento. Un portavoz de la organización denunciada ha negado las acusaciones.

"Un chaval me dijo que si hablaba conmigo, los cuidadores le amenazaban con llevarlo al cuarto". Isabel Ortega, socia del centro para disminuidos psíquicos de Coín Dos Amores, y vicepresidenta de la junta directiva, recuerda así la primera vez que oyó hablar de una habitación en la que la antigua dirección del centro encerraba a los enfermos que les ocasionaban problemas. "Pensé que me hablaba de un cuarto retirado donde los llevaban para tranquilizarlos, quizás el de la televisión, pero nunca imaginé esto".

Isabel no descubrió el lugar hasta que la asociación de padres de la que forma parte se hizo cargo de la residencia, que desde 1988 fue gestionada por la organización no gubernamental Asociación para la Promoción del Minusválido (PROMI). Asegura que descubrió un "zulo" de cinco por seis metros con las paredes acolchadas y la puerta completamente rasgada mientras cambiaba de sitio unas colchonetas. Halló además una rejilla de veinte por veinte centímetros -visible desde la escalera por la que se accede al gimnasio- y el suelo cubierto de colchones con restos de heces y orines . "Me flaquearon las piernas", narra Isabel "no le pude decir nada a los trabajadores. A partir de entonces me dediqué a averiguar por qué los bajaban, quién lo hacía..."

La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía de Málaga el 12 de marzo, acusa a PROMI de "crueldad", "trato inhumano y degradante" y "vulneración de los más elementales derechos humanos". En la asociación aseguran que PROMI "tenía muy pocos cuidadores" y que, "algunos no tenían la titulación de Educación Especial". Citan a María Agüera, coordinadora del centro, como principal responsable. La acusan de movilizar al personal de un centro que la organización tiene en Cabra (Córdoba) para obtener un parte favorable en las inspecciones, y de desviar al centro cordobés parte del presupuesto que la Junta de Andalucía y el Gobierno les concedía. La Fiscalía anunció que abrirá una investigación y tomará declaraciones a las partes implicadas.

Desde la asociación, aseguran que han tardado casi un año en denunciar la existencia de la habitación porque "ya no se utiliza y no había prisa". El director, Francisco Gallego, atribuye la demora al tiempo empleado en recopilar testimonios de trabajadores.

La consejería de Asuntos Sociales emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que el centro se ajusta a la normativa vigente. Recordó que, en el convenio de colaboración suscrito en 1993 entre la consejería y la Federación Andaluza Pro-Deficientes Mentales, se contemplaba la existencia de una "sala de aislamiento, mínimo 10 metros cuadrados" para casos de alteraciones de conducta de carácter grave y puntual, con consecuencias para la seguridad de los residentes, sin que "en ningún caso pudiera utilizarse como celda de castigo" o medio para sancionar incumplimientos de la normativa de régimen interior.

Un portavoz de PROMI, negó ayer las acusaciones y subrayó que este tipo de instalaciones se contemplan para evitar que los enfermos se autolesionen. La organización ha promovido desde su creación, en 1976, una red de centros especiales de empleo, centros ocupacionales y residencias en Córdoba, Jaén, Cádiz, Almería, Málaga, Melilla, Sevilla, Huesca y Salamanca. PROMI abandonó la dirección del centro de Coín en 2003 por problemas económicos.