La policía desaloja a ocho familias por ocupar ilegalmente viviendas de San Blas

Medio centenar de policías antidisturbios desalojaron a primera hora de ayer en San Blas a ocho familias, unas 60 personas, que ocupaban ilegalmente desde hace siete años 12 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad. El desalojo se ejecutó sin incidentes. La ocupación de este edificio impedía que fuera rehabilitado para realojar a 56 familias de otro bloque del barrio en mal estado.

Los vecinos del número 31 de la calle de Amposta suspiraban desde 1997 por el desalojo ejecutado ayer ya que la ocupación impedía al Ivima empezar las obras para construir sus nuevos hogares. "Nuestras casas se caen a trozos. Sufrimos grietas, humedades y la angustia de vivir en un edificio que puede venirse abajo en cualquier momento. Y así estamos desde hace más de siete años", exclamó ayer Victorio Rubio, uno de los afectados.

Los números 31, 33 y 35 de la calle de Amposta eran tres edificios iguales, moles rectangulares de hormigón, que albergaban 56 viviendas minúsculas, de 43 a 48 metros cuadrados cada una. Este reducido espacio está dividido en dos alturas, por lo que los vecinos mayores pasan el día subiendo y bajando escaleras.

"Hay gente que las tiene que subir a gatas porque la edad se lo impide hacer de otro modo. Por eso mucha gente nos llama los sube y baja", explican los vecinos. Los inmuebles fueron levantados en los años sesenta por la extinta Obra Sindical del Hogar. Ahora dependen del Ivima, que desde 1997 es consciente del mal estado de los edificios. Este organismo regional diseñó una rehabilitación en tres etapas. La primera se ejecutó entre 1996 y 1997. Consistió en el derribo del número 35, cuyos ocupantes fueron realojados en Vicálvaro, Palomeras y otras zonas de Madrid.

Órdenes fallidas

El número 35 fue rehabilitado y allí se trasladaron los 56 vecinos del número 33. Este último iba a ser demolido para levantar 56 nuevas viviendas para los vecinos del número 31. Pero, tras vaciarlo, los bajos del edificio fueron ocupados por varias familias de etnia gitana, unas 60 personas, que han esquivado los sucesivos desalojos dictados por los jueces desde entonces.

Un portavoz del Ivima explicó en abril de 2001 "la impotencia" de este organismo para dasalojar a los ocupantes. "Cada vez que lográbamos una orden judicial, la familia que vivía allí ya se había cambiado de vivienda, por lo que teníamos que iniciar de nuevo todo el proceso", aseguraba ese portavoz. Este juego del ratón y el gato ha durado siete años.

El desalojo de ayer empezó minutos antes de las nueve de la mañana y trancurrió sin incidentes aunque en medio de un impresionante despliegue policial. "Había más de diez furgones de la policía, con antidisturbios y todo, y varias dotaciones del Samur", explicó un vecino.

Las grúas empezaron ayer a demoler el número 33, vigiladas por una fuerte dotación de seguridad privada para evitar nuevas ocupaciones. Si no hay nuevos contratiempos, en unos dos años estará terminado el nuevo edificio, con las 56 pisos para los vecinos del número 31. El inmueble que quede libre entonces será también derruido y se construirá otro para viviendas sociales y equipamientos.