Cardenal intenta nombrar 14 altos cargos en fiscalías antes del cambio de Gobierno

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha convocado al Consejo Fiscal para el próximo 30 de marzo a fin de cubrir 14 plazas, entre ellas dos vacantes de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, cuatro de fiscal jefe de tribunales superiores y tres jefaturas de fiscalía de audiencias provinciales. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido que no se celebre el Consejo o, en su caso, que no se nombren fiscales para no condicionar al nuevo Gobierno.

La Fiscalía General del Estado se apresuró a puntualizar que Cardenal someterá a los vocales del Consejo Fiscal, como cuestión previa, "la conveniencia de no celebrar este Consejo Fiscal y de forma especial en lo referente a las plazas vacantes, para así no condicionar al nuevo Gobierno que se formará tras las elecciones generales".

El Consejo Fiscal es un organismo asesor del Fiscal General del Estado, que lo preside, y está integrado por nueve vocales elegidos por las asociaciones además del Teniente Fiscal del Supremo y el Inspector Fiscal. La Asociación de Fiscales (AF, conservadora) cuenta con cinco vocales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), con cuatro.

La nota de la Fiscalía precisa que la reunión se celebra a propuesta del vocal Eduardo Torres-Dulce en nombre de la Asociación de Fiscales, tras la publicación, el pasado 10 de marzo en el Boletín Oficial de Estado de la convocatoria de plazas vacantes en distintas jefaturas.

El vocal Eduardo Torres-Dulce dio una versión radicalmente distinta de la difundida por la Fiscalía del Estado, que calificó de "falsa". Torres-Dulce explicó que "en vista de que Cardenal no convocaba al Consejo", solicitó una convocatoria a finales de febrero en la que, además de otros temas, pidió debatir porqué el Ministerio de Justicia no convocaba las plazas vacantes. "Le envié el escrito y casi de inmediato me respondió convocando el Consejo para el día 16 de marzo".

Pero el 10 de marzo salió en el BOE la convocatoria de 14 plazas vacantes de importantes cargos de la carrera fiscal. "Cardenal, sin consultar con nadie, suspendió el Consejo del día 16, lo trasladó al 30, y añadió al orden del día la provisión de las 14 vacantes", añadió Torres-Dulce.

El vocal de la Asociación de Fiscales agregó que se enteró de la convocatoria del Consejo para el día 30 por una llamada del Fiscal Inspector, anunciándole que en el Consejo del día 30, Cardenal iba a escuchar la opinión de los fiscales sobre la convocatoria de las plazas. Torres-Dulce anticipó que estaba de acuerdo en suspender la convocatoria de las plazas y en cuanto a los demás puntos del orden del día, dijo que consideraba innecesario tratarlos. Entre dichos puntos figura un informe sobre la evolución de los juicios rápidos, previsiones de ampliación de plantillas , expedientes en trámite en la Inspección, etcétera. "Parece más lógico que sea el nuevo fiscal el que nos diga qué piensa de los juicios rápidos o de las previsiones para plantilla", explicó. En cuanto a mantener la convocatoria del Consejo, "no me pareció mal", dijo, "por si quedaba algún asunto pendiente, y para despedirnos del fiscal general". Torres-Dulce agregó: "Llamé inmediatamente a José María Mena [fiscal jefe de Barcelona y vocal de la UPF] y se mostró de acuerdo conmigo en suspender la convocatoria de plazas en el Consejo del día 30".

Fuentes fiscales señalaron que si las asociaciones fiscales no informan los nombramientos, faltará un requisito legal para que Cardenal los remita al Gobierno.

Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Antonio Camacho, rechazó que sea la asociación conservadora la que tenga que proponer la convocatoria ni decidir sobre si se cubren las vacantes. "Es el fiscal general quien convoca y hace la propuesta de nombramientos al Gobierno, y creemos que, en las actuales circunstancias, no puede hacerlo."

Según el artículo 14 del Estatuto de los fiscales, el Consejo Fiscal "informa las propuestas" respecto al nombramiento de los diversos cargos. Pero es el fiscal general el que eleva las propuestas de nombramiento al Gobierno, que pueden ser acordes o no al informe del Consejo Fiscal. A su vez, el Gobierno puede aceptar la propuesta del fiscal general, o devolverla y no proceder al nombramiento. En los últimos meses, Justicia devolvió al fiscal las propuestas de teniente fiscal Anticorrupción y de fiscal jefe de Logroño.

La Unión Progresista de Fiscales insistió en que Cardenal no puede elevar esos nombramientos a un gobierno en funciones, aunque fuentes del Ministerio de Justicia no descartaron, llegado el caso, darles trámite. Un portavoz del ministerio dijo que, según el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes, dependerá del tiempo que, en su caso, tarden los fiscales en remitir los nombramientos al Gobierno en funciones, y que si las propuestas se reciben, se estudiarán. Lo demás es "un trámite automático de dictar un real-decreto ley".