El envío de residuos de las centrales eléctricas a El Cabril sigue suspendido

El director de la planta de residuos radiactivos de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba) Andrés Guerra, afirmó ayer que las centrales nucleares del sector eléctrico nacional han suspendido el envío de residuos a este cementerio nuclear hasta que no acuerden una postura común respecto a la ley de fiscalidad ecológica andaluza, que grava con 7.000 euros cada metro cúbico de restos que llegue a la planta cordobesa.

El Gobierno andaluz prevé recaudar con la norma unos 30 millones de euros a las empresas contaminantes. La ley establece cuatro tipo de gravámenes, uno de los cuales se refiere a los depósitos de residuos radiactivos y peligrosos en instalaciones de la comunidad, como lo es El Cabril.

Andrés Guerra explicó que, tras la entrada en vigor de la ley, el pasado 1 de enero, se comunicó a las instalaciones radiactivas y nucleares el cobro de 7.000 euros por cada metro cúbico de residuos que entraran en El Cabril.

El director de El Cabril manifestó que no hubo reacción alguna desde las instalaciones radiactivas, mientras que las centrales nucleares respondieron que suspenderían durante unos meses el envío de residuos "hasta que adoptasen una posición como sector para todas las eléctricas".

Para Andrés Guerra, que ayer presentó en Córdoba la memoria de actuaciones de la planta en 2003, la situación no supone un contratiempo para las plantas nucleares, ya que "disponen de almacenes donde mantienen los residuos". No obstante, el director de El Cabril incidió en que esta situación sí ha trastocado la planificación del cementerio nuclear para los primeros seis meses del año.

El responsable del cementerio nuclear de Hornachuelos pidió a la Junta de Andalucía que aclare aspectos como que la tasa ecológica no la abonarán la propia administración andaluza ni sus organismos de carácter administrativo. Andrés Guerra afirmó desconocer si los hospitales andaluces del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que producen 3,3 metros cúbicos de residuos radiactivos al año, serán catalogados como organismos administrativos. De esta forma quedarían, según Guerra, exentos de abonar la tasa ecológica a la que sí estarían sujetos el resto de hospitales.

El director de El Cabril se refirió también a las filtraciones de agua que Enresa, la empresa pública que gestiona la planta de residuos, detectó en uno de los contenedores de residuos. Andrés Guerra aseguró que se debieron a un defecto en la impermeabilización y no a un fallo del sistema. Guerra incidió en que las filtraciones no perjudicaron el sistema y que se estudian nuevos materiales para asegurar la cobertura de las celdas.