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La policía detiene en Alicante a un matrimonio por emplear en régimen de semiesclavitud a 'sin papeles'

Un control rutinario de la policía destapó en Alicante la contratación, en régimen de semiesclavitud, de inmigrantes irregulares por parte de un matrimonio. Los extranjeros trabajaban jornadas interminables en labores de jardinería a cambio de tres euros la hora, según informó ayer la Comisaría de Alicante.

Los dos acusados, el español J. C. B., de 53 años, y la colombiana M. L. M., de 40 años, fueron sorprendidos cuando transportaban en una furgoneta Renault a seis extranjeros indocumentados, en la avenida de Dénia de Alicante, a la puerta norte de la ciudad. Tres de los sin papeles son rumanos; el resto, de Ecuador. Uno de ellos es un extranjero menor de edad.

Los empleados informaron al Cuerpo Nacional de Policía de que trabajaban para el matrimonio, sin un contrato laboral, con el consiguiente perjuicio para los operarios y para el propio sistema de la Seguridad Social.

El matrimonio, que según la policía "carecía de toda clase de escrúpulos", se dedicaba a contratar a mano de obra entre los extranjeros residentes en la provincia de Alicante. Los operarios desempeñaban funciones de jardinería en urbanizaciones de la Playa de San Juan, Mutxamel y Sant Vicent del Raspeig, en la comarca de L'Alacantí. Los ahora detenidos, aprovechándose de la situación de clandestinidad y del "imperioso estado de necesidad" de los extranjeros, les obligaba a trabajar largas jornadas de trabajo que, según fuentes policiales, se alargaban hasta las once horas. A cambio de tres euros por hora trabajada.

El matrimonio fue detenido por un delito contra los trabajadores, y fue puesto a disposición del juez. Por su parte, los inmigrantes, de entre 17 y 37 años, fueron arrestados por su situación de irregularidad y serán expulsados en aplicación de la Ley de Extranjería, según la policía.

Las periódicas intervenciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra la inmigración ilegal y la explotación de extranjeros atestiguan que muchos son los empresarios que apuestan por la contratación de sin papeles pese al endurecimiento de las penas.

El Gobierno intensificó la presión policial el pasado año, singularmente en las comarcas de la Vega Baja y de las Marinas contra estos empresarios, merecedores del decimonónico apelativo de patronos. Estos contratan a los extranjeros sin darlos de alta en la Seguridad Social y sin garantizarles una vivienda digna. Y todo ello a cambio de bajos salarios y jornadas laborales agotadoras, prácticamente de sol a sol. A la abusiva situación laboral, rayana con el régimen de semiesclavitud, del colectivo de inmigrantes ilegales se suman las nada cómodas condiciones de habitabilidad.

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