Andalucía aleja la mayoría absoluta del PP en el Senado

El Senado está casi definitivamente constituido, a falta de que el Parlamento autónomo andaluz designe los ocho senadores que por ley le corresponden. Con la composición actual, el PP tiene mayoría en la Cámara (126 senadores) frente a los 111 que suman PSOE y la Entesa Catalana de Progres. La mayoría absoluta es de 130 escaños, por lo que la elección que haga el Parlamento de Sevilla alejará algo más al PP de la mayoría absoluta.

La Cámara está compuesta por 208 senadores elegidos y 51 designados por los Parlamentos autónomos. Hasta el domingo pasado, los ocho senadores que corresponden al Parlamento andaluz se distribuían entre el PSOE (4), el PP (3) e IU (1).

La mayoría absoluta que han logrado los socialistas andaluces cambiará esa distribución, aunque, con toda probabilidad, según fuentes parlamentarias autonómicas, el PSOE sume uno que perderá IU y el PP quedará con los tres que tenía.

Pese a la situación minoritaria de los socialistas, fuentes parlamentarias de este grupo anuncian la posibilidad de mantener conversaciones con todos los grupos para quitar la presidencia de la Cámara alta al candidato del PP.

En la última legislatura, Juan José Lucas, senador por designación del Parlamento autónomo de Castilla y León, presidió el Senado.

La atención sobre el Senado está justificada por su condición de Cámara de segunda lectura en la que los proyectos de ley aprobados por el Congreso vuelven a revisarse con un procedimiento parlamentario muy similar.

El Senado, cuando por mayoría decide que se devuelva un proyecto de ley al Gobierno, cuenta con una figura idéntica a la de la enmienda a la totalidad que en la Cámara alta toma el nombre de "veto".

Aunque el PP pudiera vetar algún proyecto, la decisión definitiva corresponde al Congreso. El artículo 122 del reglamento de la Cámara baja establece que cuando el Senado haya opuesto el veto a un proyecto de ley, éste volverá al Congreso, donde, tras un debate, "se someterá a votación el texto inicialmente aprobado por el Congreso y, si fuera ratificado por el voto favorable de la mayoría absoluta (...), quedará levantado el veto.

Tampoco es posible retrasar la tramitación de un proyecto ya que el Reglamento del Senado dispone en su artículo 106 que "la Cámara dispone de un plazo de dos meses" desde que llega el texto votado por el Congreso "para aprobarlo expresamente o para, mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo".

Juan José Laborda, portavoz socialista en el Senado, conformó ayer las previsiones reglamentarias al explicar que "si el PP se garantizase una mayoría podría vetar algún proyecto de ley, pero, en todo caso, a los dos meses, a su regreso al Congreso, la Cámara baja levantaría el veto".

No obstante, y según Laborda, "está por ver que el PP pueda conseguir aliados en el Senado que le den la mayoría". El portavoz socialista precisó que la clave está en la actitud que adopte Coalición Canaria (CC), que en las dos legislaturas anteriores fue el aliado tradicional del PP.

No obstante, la prioridad de los socialistas, según las mismas fuentes y por encima de disputar la presidencia del Senado al PP, es lograr la reforma constitucional de la Cámara alta para convertirla en Cámara territorial. Esa reforma exige una mayoría de 3/5 de los senadores y, por tanto, requeriría un pacto entre los dos partidos mayoritarios.

El juego entre presidencia de la Cámara y su transformación podría ser objeto de negociación entre los dos grupos principales.Esta pretensión de reforma se viene manejando desde hace varias legislaturas y, en 1994, siendo portavoz del PP Alberto Ruiz Gallardón, actual alcalde de Madrid, asumió la reforma constitucional que exige la transformación del Senado.