La infinita reestructuración

Argentina ha superado una nueva negociación con el FMI. No será la última. El acuerdo a tres años contiene metas cuantitativas y cualitativas que se evalúan cada trimestre, de modo que habrá 12 revisiones. Lo del martes pasado ha sido una batalla más. Las próximas se librarán en junio y septiembre y en ellas se juzgará la reestructuración de los bonos en suspensión de pagos y el objetivo de ahorro fiscal para 2005 y 2006.

Kirchner ha aceptado algunas condiciones que le exigían el FMI y sus principales accionistas, los integrantes del Grupo de los Siete

La segunda evaluación de las metas se cargó de tensión porque el presidente argentino, Néstor Kirchner, fiel a su estilo de mostrarse como un negociador tenaz, había declarado hasta el cansancio que esperaba una señal de aprobación de la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para cumplir con el vencimiento de capital con el organismo por 3.150 millones de dólares que vencía el pasado martes. Kirchner advertía de que, sin ese gesto, caería en suspensión de pagos.

El presidente aseguraba que un pago sin acuerdo debilitaría las reservas internacionales de su país, que alcanzaban los 15.000 millones de dólares, y lo dejaría expuesto a ataques especulativos que minarían el camino de recuperación de la economía. Finalmente, Kirchner desembolsó los fondos y evitó ingresar al pequeño club de morosos con el FMI, en el que se encuentran países como Sudán y Liberia. El jefe de Estado ya había tranquilizado semanas atrás a poderosos empresarios locales de que su intención era pagar, aunque en los últimos días sus hombres de confianza especulaban con que lo haría con retraso.

Kirchner terminó aceptando algunas condiciones que le exigían el Fondo y sus principales accionistas, los integrantes del grupo de los siete países más ricos del mundo (G-7). El FMI y el G-7 están preocupados por cómo Argentina está negociando la reestructuración de los 88.000 millones de dólares en bonos. El resto de la deuda, que totaliza unos 180.000 millones, e incluye lo adeudado a organismos multilaterales y los títulos emitidos en los últimos dos años, se sigue abonando con rigurosidad. Los estatutos del Fondo le impiden mantener acuerdos con países en suspensión de pagos, con excepción de aquellos que están en proceso de reestructuración de la deuda, como Argentina.

Una de las exigencias del FMI que aceptó Buenos Aires ha sido la de sentarse a negociar con los acreedores. El Gobierno suramericano había llegado a desconocer la autoridad del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB, según sus siglas en inglés), que se arroga la representación de estadounidenses, alemanes, italianos y japoneses, con títulos por 37.000 millones de dólares. El FMI llegó a exigir a Argentina que negocie en exclusividad con ese grupo encabezado por los grandes bancos e inversores institucionales, pero finalmente desistió y sólo le pidió que se fijara un cronograma concreto de reuniones con los tenedores de bonos.

Al día siguiente del pago al FMI, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, anunciaron la invitación a 21 comités de acreedores, incluidos el GCAB y otros que representan a pequeños ahorradores de Alemania, Italia y Argentina, para que vengan a negociar a Buenos Aires entre el próximo día 24 y el 16 de abril. Además, adelantaron plazos concretos para la discusión: en 30 días se terminará de delinear la propuesta final de pago y en tres meses deberá concluirse la reestructuración.

Oferta de quita

Argentina presentó en septiembre pasado en la última asamblea del FMI, en los Emiratos Árabes, una oferta de quita del 75% del valor nominal de la deuda, es decir, que se abonarían sólo 22.000 millones. Los acreedores rechazaron la poda porque calcularon que alcanzaba al 90% del valor presente neto de la deuda, dado que contemplaba bajos intereses y extensos plazos, y pidieron una del 35%. Lavagna aclaró hace dos semanas que la reducción ascendía al 75% del valor real porque el rendimiento de los nuevos bonos estará atado al crecimiento de la economía argentina, que supuso un 8% el año pasado y puede llegar al 5,5% o 7% en 2004. De todos modos, fuentes familiarizadas con la negociación de la deuda afirmaron que los países del G-7, donde reside la mayoría de los acreedores de Argentina, sólo aceptarían una quita del 65% del valor presente neto.

El FMI no se entrometió en los detalles de la oferta de pago, pero exigió que consiga una adhesión del 80% de los acreedores, de modo que sólo unos pocos demanden en los tribunales extranjeros el cobro de todo lo adeudado. Lavagna había dicho que sólo necesitaría la aprobación del 50% o 66%. Finalmente, se acordó que la propuesta deberá reunir un alto nivel de apoyo, sin especificar números.

La oferta final se terminará de definir en un retiro espiritual que celebrarán los funcionarios del Ministerio de Economía argentino y los tres bancos contratados para representar al país en la negociación con los tenedores de bonos del exterior: el norteamericano Merrill Lynch, el suizo UBS Warburg y el británico Barclays. La designación de estas entidades, que se anunció el mes pasado con dos meses de retraso, fue bien recibida por el mercado porque los considera una garantía de que Argentina mejorará su propuesta. De hecho, los bonos en suspensión de pagos cotizan al 30% de su valor, es decir, con una poda del 70%.

Compromisos

Argentina deberá plasmar en hechos los compromisos asumidos en la negociación con los tenedores de bonos para asegurarse de que el directorio del FMI apruebe el próximo día 22 la segunda revisión del acuerdo y el desembolso de un crédito de 3.114 millones, que compensaría el reciente pago del país suramericano.

La tercera revisión del convenio será en junio. La discusión se centrará otra vez en la reestructuración de la deuda. También se analizarán el proyecto de ley de distribución de los ingresos entre las provincias, que ya está produciendo discusiones entre ricas y pobres, y se comenzará a definir las metas de superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda) para los años venideros. Kirchner pretende mantener el objetivo de 2004, el 3% del PIB, que viene cumpliendo sobre la base de la austeridad fiscal en un país con la mitad de la población con necesidades básicas insatisfechas.