Volver al consenso

La cohesión territorial de España es la bandera elegida por el PP para intentar revalidar su mayoría. La ha elegido como prolongación de la cuestión terrorista, que sirvió a Aznar para conseguir la mayoría absoluta en 2000. La identificación que la derecha establece entre su ideología y la unidad nacional le hace verse como garantía única frente a veleidades secesionistas varias. La duda es si la sobreactuación del PP en la materia, la extensión de la sospecha a partidos que obtuvieron en 2000 más de dos millones de votos, e incluso a los socialistas por no rechazar pactar con esas fuerzas, no tendrá un efecto contraproducente para las intenciones de los estrategas del PP.

Esta campaña electoral será recordada por el eclipse de Euskadi. Aunque un día después de las elecciones se inicia el debate parlamentario del plan Ibarretxe, pocas veces la cuestión vasca había estado menos presente. Euskadi ha sido reemplazada en protagonismo por Cataluña. Ha sido la campaña más catalanizada de la democracia (y, al mismo tiempo, la más españolizada en Cataluña). Es el resultado de la convergencia de tres factores: la entrevista de Carod con ETA, el anuncio de la tregua selectiva por parte de los terroristas y la utilización electoral de ambos acontecimientos por el PP, convencido de que dar protagonismo a Carod y al tripartito catalán daña a Zapatero.

Sobre este escenario el PP ha convertido la campaña en un enfrentamiento entre españoles seguros y españoles dudosos, en cuyo campo ha situado a Zapatero por ser amigo de Maragall, el cual ha pactado con Carod. Lo que podría ser una crítica política se ha convertido en estrechamiento de la pluralidad política, en limitación del campo de juego (y de las alianzas). De nada le ha servido a Zapatero repetir que gobernará en solitario y sólo si tiene un voto más que el PP. Rajoy y familia han seguido con el mismo guión. En algunos momentos, con argumentos grotescos como decir que Zapatero debería pedir el voto para el PP "por patriotismo". O que si gana el PSOE, pondrá de ministro a Carod.

Después de ocho años de gobierno del PP, el problema terrorista está más cerca de una solución, pero la cuestión nacionalista, que parecía encauzada, se ha agravado. Que la responsabilidad esté repartida no exime de la suya al Gobierno. Ha jugado sus cartas con oportunismo, no dudando en poner en peligro incluso el Pacto Antiterrorista en aras de su estrategia de deslegitimación de Zapatero como alternativa; iniciativas unilaterales como la ley anti-Ibarretxe han impedido que se desgaje del electorado nacionalista un sector autonomista sin el que será difícil conformar una alternativa verosímil al plan rupturista del lehendakari. Y la explotación desmesurada del error Carod amenaza con provocar en el nacionalismo catalán un reflejo de cierre de filas frentista que refuerce a su sector más radical.

Por todo ello, quien gobierne tendrá que cambiar de registro. Que no significa ceder ante cualquier presión nacionalista, pero sí restablecer el diálogo institucional con Vitoria y abandonar el acoso al tripartito catalán. Implicarse en las reformas que se planteen desde el consenso y con respeto a las reglas de juego. Sin dramatizar las divergencias que puedan surgir. En otras palabras: volviendo al consenso.