El Síndic denuncia el vacío legal de la videovigilancia privada

Las videocámaras de vigilancia de uso privado (las que se instalan en comercios o entidades bancarias, por ejemplo) proliferan a un ritmo acelerado sin que una normativa las regule y evite que su uso incorrecto vulnere el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen. Así lo advierte el síndic de greuges, Anton Cañellas, quien pide una regulación urgente del uso de estos dispositivos por parte de la empresa privada.

La regulación de la videovigilancia en la esfera privada es competencia del Gobierno central. Por ello, el Síndic de Greuges ha pedido al Defensor del Pueblo que inste al Ejecutivo español a elaborar una normativa ante el "preocupante vacío legal " que existe. El síndic, Anton Cañellas, recuerda que la Ley Orgánica de 1997 que regula el uso de las videocámaras instaladas en la vía pública con fines policiales "establecía que en el plazo de un año se elaboraría una normativa" similar para las cámaras instaladas en empresas privadas, como entidades bancarias, aparcamientos o comercios. Siete años después, lamenta el síndic, la normativa no se ha elaborado todavía.

Cañellas hace estas consideraciones en un estudio sobre la videovigilancia que forma parte del informe anual del Síndic correspondiente a 2003 y que ayer fue entregado a la Mesa del Parlament.

Anton Cañellas señala que las cámaras de vigilancia en lugares privados se están extendiendo con gran rapidez. "Cualquier observador puede constatar que el número de videocámaras utilizadas para la vigilancia privada supera con mucho el de las instaladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad" en la vía pública, afirma. En su informe, el Síndic considera "imprescindible" regular el uso de las cámaras de vídeo en los locales privados, "con la máxima diligencia posible", mediante una ley como la que existe para las cámaras instaladas en la vía pública, ya que "en uno y otro supuesto los derechos fundamentales potencialmente lesionados son los mismos". Cañellas cita algunos derechos que pueden ser vulnerados por un uso incorrecto de estos dispositivos, entre ellos el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En el mismo informe, Cañellas defiende una modificación de la normativa catalana sobre videocámaras para el control del tráfico a fin de que obligue a advertir a los conductores de la presencia de estos dispositivos en el punto de la carretera donde están instalados. Esta obligación ya existe para las cámaras de la calles o espacios urbanos para uso policial. Su presencia se indica con un logotipo. El síndic cree que es necesario hacer extensiva esta obligatoriedad para las videocámaras de control del tráfico, ya que la finalidad de éstas es "prevenir y no únicamente detectar a los infractores".

Respecto a las videocámaras situadas en calles o espacios urbanos para garantizar la seguridad ciudadana y utilizadas por la policía, el Síndic pide a la Generalitat que retire los dispositivos que siguen funcionando pese a haber caducado su autorización. Ésta se otorga para un año y puede ser prorrogada si los ayuntamientos lo solicitan y "si persisten los motivos por los que fueron instaladas". En la práctica, señala Cañellas, no se solicita dicha renovación y las cámaras siguen funcionando sin licencia.

Vivienda e inmmigración

El informe anual del Síndic aborda varios campos, entre ellos el de la vivienda. Cañellas censura la débil intervención de las administraciones a la hora de potenciar la vivienda de alquiler o la de protección oficial.

En el apartado dedicado a la inmigración, Cañellas advierte de que la nueva ley que permite a la policía acceder a los padrones municipales sólo debe utilizarse para pedir informaciones muy concretas, pero no para realizar "un peinado masivo" de la base de datos.

En materia sanitaria, el Síndic constata una mejora del funcionamiento de los servicios de hospitalización psiquiátrica, pero lamenta que esta evolución positiva no se haya producido en la potenciación de los recursos para la reinserción social y laboral de los enfermos mentales. Cañellas considera muy positiva la creación de la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria en la cárcel de Brians, así como la puesta en marcha de un programa de intercambio de jeringuillas para presos toxicómanos en Tarragona.