Francia: un modelo enfermo

Si los electores quieren enviar un mensaje al Gobierno, éste es el momento". El ex primer ministro socialista, Lionel Jospin, oficialmente jubilado de la política, atrae la atención en cuanto aparece por la sección parisiense donde actúa de "militante de base" o, simplemente, se deja ver en un estadio deportivo. La pregunta es sistemática: "Entonces, ¿vuelve usted...?", y él responde: "Que no, que no...". Con un gesto de maquiavélica ingenuidad, cuenta que ha ido a comer, a ver el fútbol o a charlar con unos amigos, por cierto candidatos a las elecciones regionales convocadas en Francia para los próximos días 21 y 28.

Veintidós meses después de haber despedido a Jospin en la puerta de Matignon (la sede del primer ministro), su sucesor, Jean-Pierre Raffarin, sufre un verdadero acoso por parte de amplios colectivos sociales, que le envían mensajes cada vez más angustiosos. Por eso, con la aparente mansedumbre de un abuelo sorprendido en medio de sus actividades privadas, Jospin sugiere a los sublevados que aprovechen las elecciones regionales para darle un buen capón a su sucesor y, de paso, a Jacques Chirac, el presidente de la República, un tándem del que dice que son "un par de mixtificadores".

El primer ministro francés sufre un verdadero acoso por parte de amplios colectivos sociales, que le envían mensajes cada vez más angustiosos

Para Raffarin, hay que evitar que la investigación se convierta en "otra forma de función pública", por más que le responsabilicen de la fuga de cerebros

Al miedo de los obreros a la deslocalización de sus fábricas ha sucedido el temor a la precariedad experimentado por franceses con muchos años de estudios a la espalda

Las huelgas de los eventuales del espectáculo ya dieron al traste con los festivales del verano de 2003 y amenazan con extenderse a los de este año

Los compromisos adquiridos respecto a las pensiones son muy elevados y la población sigue envejeciendo: las personas de más de 65 años representan el 16,2%

Los liberales todavía son pocos en Francia. El consenso nacional sobre la conveniencia de mantener buenos servicios públicos sigue siendo muy alto

Porque lo cierto es que Francia está en un grito. De momento no se trata de los obreros que laboran para el centenar de grandes empresas propiedad del Estado o controladas por éste: eso vendrá más tarde, cuando la actual mayoría parlamentaria de derechas acabe con la tarea de reformar los estatutos de tales sociedades, con vistas a su privatización parcial o total. No: las escaramuzas de este invierno corren a cargo de los "trabajadores intelectuales" en las instituciones públicas, una especie de rebelión de las "clases educadas" contra la política de Raffarin.

"¡Salvemos la investigación!"

Al grito de "¡Salvemos la investigación!", las manifestaciones de batas blancas y la distribución de octavillas han pasado a formar parte del paisaje de París y otras ciudades. Por Internet circula un texto titulado igualmente Salvemos la

investigación, que ha recogido millares de apoyos. Y la revista alternativa Les Inrockuptibles lleva reunidas casi 60.000 firmas de profesionales al pie de una carta en la que se afirma que el Gobierno francés ha declarado la guerra "a la inteligencia".

Al miedo de los obreros a la deslocalización de sus fábricas ha sucedido el temor a la precariedad, experimentado por capas de población con muchos años de estudios a la espalda, que hasta ahora encontraban salidas profesionales en centros subvencionados por el Estado. "Nada más cercano hoy a una Universidad sin crédito que un laboratorio científico estropeado; nada más próximo a un temporero del espectáculo que un doctorando precario; nada más próximo a un parado sin recursos que un artista 'r-mista' (el último escalón de los subsidios sociales); nada más cercano a un arquitecto que un abogado o un médico cuya libertad de ejercer está cada vez más reglamentada", se lee en tan respaldado texto.

Todos esos sectores son objeto de "un nuevo anti-intelectualismo de Estado", aseguran los denunciantes, que acusan al Gobierno de asestar "golpes sombríos" a los presupuestos del saber y de la investigación, atribuyéndole la perversa intención de "desmantelar las fuerzas vivas de la inteligencia". El caldo de protestas ha cristalizado especialmente en el sector científico, que reclama convertir en permanentes 550 puestos de investigadores en instituciones públicas -actualmente contratados por un periodo determinado-, y crear varios centenares más de puestos universitarios. Desde el Gobierno se les descalifica como personas que sólo buscan seguridad laboral a costa del erario público. El ministro de las Libertades Locales, Patrick Devedjian, ha demostrado todo el desprecio que le inspiran unos científicos franceses que van de abajofirmantes, mientras los de otros países "ganan Premios Nobel".

Para el jefe del Gobierno, Jean-Pierre Raffarin, hay que evitar que la investigación se convierta en "otra forma de función pública", por más que le echen encima la responsabilidad de la fuga de cerebros. El Gobierno de París apuesta todos los huevos en operaciones como la de retener el ITER (el futuro reactor de fusión termonuclear) y convertirlo en vitrina de la excelencia científica de Francia, lo cual permite, de paso, una de esas batallas parciales contra Estados Unidos, tan del gusto francés. Sin embargo, a nadie se le escapa que EE UU atrae a los mejores investigadores del mundo, mientras una economía emergente como la de China y la más consolidada de Japón consideran la investigación como una apuesta prioritaria.

"Nuestro Gobierno abandona la investigación pública", denuncia Alain Trautmann, abanderado del movimiento de protesta, que parece convencido de que buena parte de los directores de equipo en el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica (Inserm) y en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) renunciarán a sus cargos la semana próxima. De consumarse, esta amenaza de dimisión colectiva se produciría en plena campaña electoral.

No menos severas son las consecuencias del recorte operado en el sistema de retribuciones de los eventuales del espectáculo. Las huelgas de éstos ya dieron al traste con los festivales del verano de 2003 y amenazan con extenderse a los de este año: dos veranos seguidos sin festivales no sólo es un atentado a la "excepción cultural", sino una catástrofe económica para las ciudades que les sirven de sede, empezando por la de Aviñón, en la que Chirac se proclamó candidato a la reelección presidencial en 2002.

Esta crisis de los eventuales del espectáculo proporcionó al ministro de Cultura, Jean-Jacques Aillagon, una de las peores noches de su vida el pasado 21 de febrero. Era la entrega de los César del cine y la multipremiada actriz y realizadora Agnès Jaoui levantó los aplausos del público con una larga denuncia del fin de la "excepción cultural francesa", sin que al ministro, sentado en el patio de butacas, le quedara otra alternativa que tragársela.

En la oficina del primer ministro se habla de "manipulación politiquera" y se pretende desenmascarar al cerebro en la sombra que maquina para unir y dar coherencia a colectivos tan heterogéneos como los directores de los grandes laboratorios de investigación pública y los eventuales del espectáculo. Algunos señalan con el dedo a Jack Lang, ex ministro de Cultura con François Mitterrand y de Educación con Jospin, convertido ahora en coordinador de la campaña socialista para las elecciones regionales, que acusa al Ejecutivo de thatcherizar a Francia y aprovecha todas las tribunas para clamar contra "la demolición" del pacto social que ha regido la vida de los franceses.

Sea espontánea o dirigida, lo cierto es que la protesta de los profesionales de la cultura y de la investigación ha hecho tambalearse a los intelectuales incorporados al Gobierno de Raffarin. Un ministerio que cuenta con un filósofo (Luc Ferry, ministro de Educación), una astronauta (Claudie Haigneré, ministra de Investigación) y el ex director del prestigioso Centro Pompidou (Jean-Jacques Aillagon, Cultura) se encuentra acogotado por la "sociedad civil" de la que fueron extraídos por Chirac en 2002, como muestra de apertura de miras y agradecimiento a las capas que le habían prestado los apoyos con los que construyó su aplastante mayoría del 82% de los votos, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Aquellos fueron los tiempos en que el desconcierto de la izquierda por la eliminación de Jospin, sobrepasado por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen en la primera vuelta, obró el efecto de convertir a Chirac en una barricada institucional contra el fascismo. El fenómeno se prolongó hasta el invierno pasado, en que Chirac conservó cotas de popularidad casi tan elevadas como el resultado electoral de 2002, gracias a su postura contra la guerra de Irak. Ahora ha caído a menos del 50%: la desconfianza provocada por la falta de crecimiento económico y los primeros recortes del gasto público se cruzan con demandas sociales muy fuertes, a las que el Gobierno no da respuesta.

Dos modelos en la posguerra

¿Por qué? La razón de fondo es que el país se encamina hacia el final de una era. Lo que ha sido Francia hasta ahora -no el territorio, sino el sistema social- ha funcionado sobre la base de un pacto establecido hace 50 años, al término de la II Guerra Mundial. En la posguerra hubo dos modelos básicos, el gaullista y el comunista, contradictorios entre sí, pero ambos basados en el funcionamiento del Estado-providencia. Las dos familias políticas prácticamente han desaparecido y sus respectivos sucesores no saben muy bien qué hacer con el modelo, a todas luces envejecido.

"Los gaullistas no han asumido su transformación en liberales y ocultan el proyecto coherente que debería resultar de ello, fundado sobre el individualismo, la retirada del Estado, la reducción de ambiciones y un espacio menor para la política", explica el politólogo Alain Duhamel. En cuanto a la izquierda, en que el Partido Socialista ocupa ahora el espacio históricamente de los comunistas, no tiene nada claro por dónde tirar. "Podría declararse socialdemócrata como lo eran los suecos hace veinte años, con un objetivo de máxima protección social, o convertirse al social-liberalismo porque esto sería la mejor respuesta a un liberalismo muy estrecho. Pero no lo hace. De modo que las culturas políticas dominantes han desaparecido y ninguno de los dos campos asume las culturas que afloran".

En realidad, el último líder de izquierda que tocó el poder, Lionel Jospin, gobernó con pies de plomo. Sus adversarios le atacan como si hubiera sido un peligroso radical, y Medef, la principal asociación de empresarios -el gran laboratorio desde el que se impulsa el liberalismo económico-, todavía no ha terminado de criticar las consecuencias "nefastas" de la jornada laboral de 35 horas introducida por Jospin. Otros recuerdan, sin embargo, que el PIB francés crecía a ritmos del 3% anual en tiempos del denostado ex primer ministro, mientras que su sucesor, Raffarin, ha tenido que conformarse con un escuálido 0,2% por todo resultado de 2003, el peor desde la recesión de 1993.

"Mucha gente dice que ese gran pacto republicano de los años cincuenta se ha acabado", reflexiona Patrick Pépin, director de la redacción de France Culture. "En nuestro país los trenes funcionan, la sanidad ha sido de las mejores del mundo, el 80% de los alumnos van a la escuela pública, la cultura tiene mucha fuerza; pero cada vez hay más gente que dice que todo eso cuesta mucho dinero y que se ha terminado".

¿Cómo restablecer el equilibrio del sistema público de protección sanitaria, amenazado por un gran déficit, sin cuestionar el pacto social que liga a los franceses desde la posguerra? ¿Cómo garantizar la financiación de las pensiones? La primera reforma de estas últimas, realizada el año pasado, provocó una buena oleada de huelgas y manifestaciones, en el fondo para limitarse a equiparar las condiciones de jubilación de los funcionarios públicos (que se retiraban a los 57 años) con los trabajadores del sector privado (en general se van a los 60).

Los compromisos adquiridos respecto a las pensiones son muy elevados y la población sigue envejeciendo: las personas de 65 y más años representan el 16,2% de un total de 61,7 millones de habitantes, frente a una proporción del 14,6% 10 años atrás. Es interesante señalar que, en ese mismo periodo, el porcentaje de menores de 20 años ha caído al 25,3%, frente al 26,7% en la pirámide de edades de 1994, según los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadísticas (INSEE).

Hay cuatro millones de alojamientos sociales en Francia, y buena parte de ellos deberían ser derribados y reconstruidos para comenzar a sanear los guetos donde se agolpan los inmigrantes en peor situación. Pero nadie se ha planteado en serio una política de integración que costaría mucho dinero, además de un ataque político masivo por parte de la extrema derecha. El director de Le Monde, Jean-Marie Colombani, piensa que el poder pretende que se olvide que una parte esencial del "mal francés" deriva de la ausencia de una grande y fuerte política de integración: "Todo ocurre como si, en efecto, Jacques Chirac pensara haber encontrado la martingala electoral que permite, ahogando a la izquierda, organizar un cara a cara duradero entre derecha y extrema derecha, e instalar así a la derecha en el poder por mucho tiempo", ha escrito Colombani.

Con Chirac han bajado los impuestos directos. Su ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ha presionado muy fuerte a la delincuencia, provocando una baja de todos los indicadores de delitos, en paralelo con el llenado de las cárceles. Pero el mismo Sarkozy no se llama a engaño: "Una política firme, que no se vive como justa, no puede franquear el paso del tiempo", ha comentado él mismo a este periódico. Y se explica: "Esto quiere decir que los barrios (guetos) a los que hemos pedido firmemente que respeten la ley, deben comprender que la República les ayudará si vuelven al buen camino".

Sin duda, el discurso de Sarkozy no es el mismo que emana de Raffarin y del sector liberal del Ejecutivo. Sarkozy, al fin y al cabo de origen gaullista, cree en la voluntad de la política. Pero los defensores de reducir el tamaño y las prestaciones del Estado tampoco carecen de argumentos: el último es el récord alcanzado por el endeudamiento estatal, equivalente al 63% del PIB. ¿Quién osará defender un gran plan de fondos públicos dedicado a la integración de las minorías en Francia, si cada ciudadano debe ya una media de 15.000 euros a cuenta de la deuda estatal acumulada?

"Si el Gobierno hubiera reducido el peso del gasto público de manera significativa, como han sabido hacerlo otros países de la Unión Europea, Francia ahorraría el 7% del PIB, lo cual implica cerca de 100.000 millones de euros que habrían podido ser entregados a los hogares, cerca de dos veces el impuesto sobre la renta, el equivalente a un ingreso extra de 3.000 euros por cada francés en activo", sostiene Jacques Marseille, uno de los martillos más sistemáticos del "despilfarro estatal" en su país.

Los liberales todavía son pocos en Francia. El consenso nacional sobre la conveniencia de mantener buenos (y por tanto caros) servicios públicos sigue siendo muy alto. Los discursos contra el Estado caen en oídos sordos, cuando se trata de la gran mayoría de los franceses. La conciencia nacional sobre la carestía del sistema no llega al extremo de avalar recortes importantes, pero hay sectores de la población cada vez más conscientes de que la presión fiscal y las cargas que soportan los ciudadanos es demasiado elevada: el Estado francés toma alrededor del 45% de la riqueza nacional generada cada año, frente al 41% de media en la Unión Europea, el 37% en el Reino Unido y el 29% en Estados Unidos. Los defensores de la economía liberal echan pestes del sistema "a la francesa", que consideran improductivo y causa directa del "declinar" del país, anunciado por una buena porción de profetas locales.

Las 'joyas' del Estado

La solución (ideológica e instrumental) que se vislumbra es la venta de las joyas de la familia. El Estado posee una parte esencial de los instrumentos económicos: los principales servicios públicos, el alojamiento social y la mayor empresa del país, que no es otra que la Administración. 6,5 millones de personas dependen del sector público, prácticamente 1 de cada 4 personas en activo en Francia.

Todo este fondo de problemas explican el interés por los resultados de las próximas elecciones regionales, muy por encima de su verdadera finalidad, que no es otra que cubrir unos consejos de competencias y presupuestos muy limitados, sin comparación alguna con las instituciones autonómicas en España. Pero la estratégica situación en el calendario de estos comicios, casi en la mitad del mandato legislativo y presidencial, tienen muy pendiente a la clase política: pueden ser el freno a los planes liberalizadores del Gobierno o, por el contrario, el refrendo que éste busca para proseguir su actuación con mayores bríos.