El TC y los ciudadanos
El autor del artículo "Tribunales y ciudadanos" (EL PAÍS, 4 de marzo de 2004) plantea un problema de importancia capital para la defensa de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este problema es el de "los centenares de asuntos pendientes" en el Tribunal Constitucional.
Bonifacio de la Cuadra hace bien en recordar que "la Constitución legitima a todo ciudadano para recabar la tutela de los (derechos y libertades fundamentales)... a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".
Esto es lo que recabaron los familiares de Francisco Granado y de Joaquín Delgado -antifranquistas condenados a muerte en 1963 por un consejo de guerra sumarísimo- al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, presentado el 16 de abril de 1999, contra el fallo del Tribunal Supremo, del 3 de marzo de 1999, rechazando el recurso de revisión (presentado un año antes) del consejo de guerra de 1963.
El recurso de amparo estaba motivado porque la sala de lo militar del Tribunal Supremo consideró que la sentencia del consejo de guerra había sido tomada de acuerdo a "la legalidad en vigor" (la del franquismo) y desestimó (por razones obvias) las declaraciones de los verdaderos autores de los hechos por los que Granado y Delgado fueron sentenciados y ejecutados.
Desde el 16 de abril de 1999 han pasado casi cuatro años y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía... Y eso que la resolución "histórica" del 20 de noviembre de 2002, del Congreso de los Diputados, insta a las instituciones del Estado "a apoyar las iniciativas de las familias de las víctimas de la represión de la dictadura franquista". Y a pesar de que se acaban de conmemorar los 25 años de la Constitución de la democracia...
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