El valor de la palabra

Posiblemente no hay mejor indicador del estado de salud de un sistema democrático que la forma en que reacciona frente a la mentira. No puede ser de otra manera. Lo que diferencia a la democracia como forma política de todas las demás es que descansa en la palabra. Es mediante la palabra como se tiene que conseguir el apoyo de los electores para llegar al Gobierno. Y es mediante la palabra como se tiene que dar razón de la acción de gobierno a los ciudadanos. De que la palabra no sea mendaz depende prácticamente todo. Cuando se falta a la verdad tanto en la fase ascendente, antes de llegar al Gobierno, como en la descendente, una vez que se está gobernando, la quiebra del sistema es grave o muy grave.

Es verdad que la mentira no puede ser erradicada a priori de ningún sistema político por muy bien constituido que esté democráticamente. Nunca ha habido en el pasado ni es previsible que exista en el futuro un sistema político que esté vacunado contra la mentira. No es, en consecuencia, la inexistencia de la mentira lo que define la democracia. Pero sí la define la forma en que se reacciona contra ella. La democracia tiene que disponer de instrumentos de reacción frente a la mentira que restauren la confianza que los ciudadanos tienen que tener en la palabra. No es, pues, la mentira sino la falta de reacción frente a ella la que indica que el sistema político está enfermo.

A los veinticinco años de la entrada en vigor de la Constitución me temo que tenemos motivos para estar algo más que preocupados por el estado de salud de nuestro sistema político. La incapacidad de nuestro sistema político para reaccionar frente a la mentira está siendo más que preocupante. Para muestra, dos botones.

Sabemos a ciencia cierta que ha mentido el presidente del Gobierno. Es posible que no mintiera en el momento en que afirmó que en Irak había armas de destrucción masiva, porque es posible que en ese momento no se tuviera seguridad en que no las había. Pero es seguro que ha mentido cuando, una vez comprobada la inexistencia de dichas armas, ha justificado su afirmación de entonces en los informes de Naciones Unidas, ya que, como todo el mundo sabe, jamás ha habido un informe de los inspectores de Naciones Unidas que dijera que había armas de destrucción masiva en Irak. El sistema político español, sin embargo, ha sido incapaz de reaccionar y ni siquiera se ha podido obligar al presidente a que dé una explicación de su conducta, que ha supuesto nada menos que llevar al país a una guerra y a tener a soldados españoles como fuerzas de ocupación sin mandato parlamentario.

No menos grave es la falta de reacción frente a las mentiras del ministro de Defensa en el caso del Yak-62. Mentiras que se están, además, extendiendo como células cancerígenas por la cadena de mando militar. Por un familiar de uno de los militares fallecidos nos hemos enterado el pasado jueves que el general Vicente Navarro negó que existiera un banco de tejidos en Turquía y que, como consecuencia de ello, no se pudo hacer la prueba de ADN para certificar la identidad de cada uno de los fallecidos. ¿No lo sabía el general Vicente Navarro porque el ministro le ocultó la información o lo sabía y se le ordenó que no dijera la verdad a los familiares y él se prestó a ello? ¿Quién decidió la mutilación del informe que se envió al Congreso sobre las advertencias del CNI antes del accidente respecto del transporte de militares en aviones ucranianos? ¿Cómo pudieron consentir quienes conocían el informe que se enviara de esa manera al Parlamento?

Las preguntas podrían multiplicarse y las respuestas a todas ellas son terribles. Independientemente de cuál sea el resultado electoral, éste es uno de los problemas con los que tendrá que enfrentarse el próximo Congreso de los Diputados. No se puede arrastrar impunemente una carga de mentiras en temas de esta naturaleza. Aunque sea tarde, habrá que restaurar el valor de la palabra y la confianza de los ciudadanos en ella.