Los sindicatos piden el fin de la explotación laboral de los inmigrantes
Los sindicatos UGT y CC OO demandaron ayer la puesta en práctica de una serie de medidas para acabar con la explotación laboral que sufren los inmigrantes irregulares en la economía sumergida.
Pidieron que "gobierne quien gobierne", a partir del próximo 14 de marzo, se comprometa a una política laboral de inmigración consensuada entre las instituciones y los partidos y que incluya "mayores niveles de participación y de implicación de los agentes sociales".
El objetivo es integrar a los trabajadores irregulares que subsisten en la economía sumergida al margen de los contingentes previstos por la ley, en los que, según José María Díaz Ropero, secretario confederal de Política Social y Migraciones de CC OO, "se aplican criterios discrecionales en según qué zonas".
Por un lado, los sindicatos demandan una mayor contundencia contra la economía sumergida y los empresarios que se aprovechan de la situación de indefensión legal de los sin papeles para explotarlos, para lo cual sería "imprescindible" la implicación de la Inspección de Trabajo. Los sindicatos denuncian que hasta el momento, el Gobierno no ha aplicado "ninguna medida" contra estos empresarios. Por el otro, los sindicatos piden una modificación de la Ley de Extranjería que elimine las actuales trabas administrativas que impiden a los empresarios solicitar la regularización de sus trabajadores.
Los sindicatos insisten en que el trabajo es un factor esencial de integración, y en el caso de los extranjeros no comunitarios, "imprescindible para acceder o conservar una situación administrativa regular y acceder así a otros derechos sociales".
En este sentido, Almudena Fontecha, secretaria ejecutiva confederal para la Igualdad de UGT, calificó la Ley de Extranjería como un "triste marco legal" que "ha creado más irregulares que nunca". Según un informe de la ONU publicado esta semana, más de 600.000 personas tienen que buscar trabajo en la economía sumergida, donde carecen de protección legal, no cotizan a la Seguridad Social ni pueden regularizar su situación en España.
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