Ofensiva de los centros concertados contra el decreto de admisión de alumnos de Bargalló

Las patronales de las escuelas concertadas han expresado en varias ocasiones su desacuerdo con el nuevo decreto de admisión de alumnos elaborado por el equipo del ahora conseller en cap, Josep Bargalló, en Enseñanza. A pocos días de que finalice el plazo oficial para presentar alegaciones a la normativa, los representantes de estos centros anuncian un "alud" de recursos. Las patronales, tanto religiosas como laicas, no ocultan su "estrategia común" para lograr la suspensión del decreto, explicó ayer Eva Salvà, secretaria general de la Agrupación Escolar Catalana (AEC).

A juicio de Salvà, la nueva normativa -que prevé crear oficinas de matriculación municipales, centros de información sobre la oferta educativa y que los colegios que reciban conciertos no apliquen ningún tipo de discriminación en la admisión de alumnos, entre otros requisitos- "debería reflejar que los centros concertados tienen los mismos deberes, pero también derechos", que los públicos. Así, Salvá dijo que la AEC es una entidad independiente del resto de las patronales, pero resaltó que todos coinciden "en muchos puntos" contra un decreto que, dijo, "se ha elaborado de forma urgente y sin consenso".

La AEC, que representa a más de 100 escuelas laicas concertadas y a más de 50.000 alumnos, hizo ayer público un comunicado en el que denuncia que el proyecto de decreto supone "una grave limitación de las libertades constitucionales de las personas por parte de la Administración" y que establece "graves ilegalidades suficientemente importantes como para impugnarlas si es publicado definitivamente".

Además, agregó Salvà, los conciertos que los centros reciben de la Administración no cubren todos los gastos que genera la matriculación gratuíta del alumnado. Finalmente, Salvà advirtió de que la AEC pedirá a los tribunales la suspensión del decreto si la redacción final no recoge las alegaciones.

En este sentido, tanto la Institución Familiar de Educación, que agrupa a 11 centros, algunos de ellos vinculados al Opus Dei, como la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (FAPEL), con representación en más de 320 centros que acogen a 140.000 alumnos, se sumaron ayer a la iniciativa de la AEC de llevar ante el juez el texto si no se modifica. Antoni Arasanz, presidente de la FAPEL, explicó: "Hay la sensación de que muchas personas están bastante disgustadas por la pérdida de sus derechos como padres".

Cartas a las familias

De acuerdo con una documentación a la que ha tenido acceso este periódico, desde algunos centros concertados se están enviando cartas a los padres de alumnos en las que se explica que la escuela ha hecho alegaciones contra el decreto al Departamento de Enseñanza, y en la que se anima a los padres a presentar otras de forma individual. "Sería muy opotuno", señala la misiva, "que todas las personas vinculadas a nuestras escuelas y que estén dispuestas a hacerlo, también las presentéis -las alegaciones-". Las cartas incluyen, además, un argumentario de 10 puntos contra la normativa y un documento modelo fotocopiado para presentar tales alegaciones.

Por su parte, fuentes de Enseñanza subrayaron ayer que la intención del departamento "es hacer más transparente y equitativo el proceso de matriculación", al tiempo que señalaron "su tranquilidad" respecto a los posibles recursos contra el decreto, ya que se "ajusta plenamente a la actual ordenación jurídica". Desde el departamento se relativiza la importancia de la reacción al decreto, "ya que por el momento sólo se han recibido una cincuentena de alegaciones, que es una cifra pequeña para cualquier decreto". "Eso sí, todo el mundo tiene derecho a presentar las alegaciones o los recursos que consideren pertinentes", señalaron las mismas fuentes.