La magistrada Comas reclama más policía para proteger a las maltratadas

La presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, señaló ayer en Jaén la necesidad de reforzar los recursos económicos que incrementen el número de efectivos policiales para vigilar el cumplimiento de las órdenes de protección aprobadas por los jueces y que "garanticen el derecho a la vida de toda mujer".

Desde que en el pasado agosto entrara en vigor la ley reguladora de la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica, existe una media de 1.500 solicitudes al mes. Durante los cinco primeros meses de vigencia de esta ley, los jueces han dictado 6.004 órdenes de protección, entre ellas 1.208 en Andalucía.

Montserrat Comas, que pronunció una conferencia organizada por el Foro por la Justicia de Jaén, solicitó al Ministerio de Interior un mayor esfuerzo económico para aumentar el número de efectivos policiales que puedan hacer frente a la gran demanda de órdenes de protección por parte de mujeres maltratadas. La vocal de CGPJ, que reconoció que con esta nueva ley y las reformas introducidas en el Código Penal, las mujeres están "más protegidas", subrayó la necesidad de llevar a cabo otras reformas legislativas para erradicar la violencia de género en la sociedad. Para ello, el Observatorio que ella preside ha hecho un seguimiento a más de 12.000 sentencias y resoluciones judiciales de todo el territorio nacional y emitirán un informe antes del verano. No obstante, Montserrat Comas señaló la prioridad de "invertir en políticas que desde la infancia eduquen en términos de igualdad y dignidad en las relaciones entre varón y mujer".

Además, Comas insistió en la necesidad de actuar sobre la figura del maltratador y lamentó que las instituciones y las comunidades autónomas no dispongan de centros especializados que ayuden al agresor a salir de "su espiral de violencia". Así, la vocal del CGPJ denunció que actualmente los jueces no pueden aplicar la sustitución de penas cortas por la asistencia a cursos de rehabilitación tal y como se recoge en el artículo 88 del Código Penal. Según la asociación, de las 103 muertes por violencia en el ámbito familiar de 2003, 81 fueron mujeres y 65 de ellas murieron en el ámbito de la pareja.