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El PP paraliza la actividad de las Cortes y elude el debate

El presidente elude reunir a la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas

La actividad de las Cortes Valencianas ha quedado paralizada hasta nueva orden. Después de las dos comisiones celebradas ayer, el calendario parlamentario ya no prevé ninguna otra actividad para el resto de la semana. Y como ayer el presidente de la Cámara, Julio de España, no reunió a la Mesa ni a la Junta de Portavoces, la próxima semana tampoco habrá pleno ni comisiones, de manera que lo más probable es que las Cortes no se reúnan hasta después de las elecciones. De España dijo ayer que su decisión trata de evitar que el Parlamento se convierta en "campo de debate electoral". La oposición, sin embargo, le acusó de "decretar el cierre" con el objetivo de "blindar" al PP.

La cercanía de las elecciones del 14 de marzo y las revelaciones del caso Fabra han alterado en los últimos días el ambiente de las Cortes, que han vivido momentos de alta tensión. Las palabras pronunciadas por la diputada popular Asunción Quinzá -quien hace una semana acusó a los socialistas de ser cómplices de los terroristas, al señalar que "lo que quieren" con su socio de gobierno en Cataluña, en referencia a ERC, "es que se pueda matar a unos y a otros no se les pueda matar"- siguen coleando. Los socialistas consideraron extremadamente ofensivas esas palabras y solicitaron, junto a EU-L'Entesa, la convocatoria de la comisión del Estatuto del Diputado para "reprobar" a Quinzá después de que ésta y su grupo se negaran a retirarlas aduciendo que no había dicho lo que entendieron los diputados.

La actuación del presidente de la Cámara durante ese polémico pleno ya motivó las protestas de los grupos de la oposición, que acusaron a De España de colocarse del lado del PP. Además, los populares han eludido en los últimos días el debate de cuestiones que pudieran representar el más mínimo desgaste, bien por su relación con el caso Fabra -el consejero Víctor Campos excusó su presencia en el pleno en el que debía contestar preguntas al respecto- o por tratarse de temas espinosos que no conviene tratar en tiempos electorales.

En este contexto, ayer De España no convocó a la Mesa ni a la Junta de Portavoces, máximos órganos de gobierno de la Cámara, en los que se establece el calendario de plenos y comisiones. Ambos órganos se reúnen todos los martes, durante los periodos de sesiones, sin necesidad de convocatoria formal, que sólo se utiliza cuando se modifican los órdenes del día o el horario de las reuniones. La Mesa debía abordar, entre otros asuntos, las peticiones de convocatoria de la comisión del Estatuto del Diputado. De España afirmó que no está dispuesto a que desde el grupo que apoya al Gobierno ni desde los de la oposición se "maneje" a las Cortes Valencianas "como campo de debate electoral".

La oposición salió al paso de esa pretendida imparcialidad del presidente al acusarle de "blindar al PP y a la diputada insultante". El vicepresidente primero de las Cortes, el socialista Joaquim Puig, aseguró que la decisión de rechazar la convocatoria de la Mesa y de la Comisión del Estatuto del Diputado demuestra que el PP "utiliza las instituciones para su campaña electoral" y pretende "ahogar todas aquellas voces críticas y diferentes al pensamiento único". Puig aseguró que su grupo utilizará "todos los recursos posibles" para que "no triunfe" lo que consideran un "atentado permanente" de los populares "a las reglas del juego, a la tolerancia y a la convivencia".

El debate inexistente

El diputado de EU-L'Entesa Ramon Cardona se quejaba ayer de que en la última semana no ha podido debatir ninguna iniciativa suya, a pesar de que media docena de ellas habían sido incluidas en el orden del día de plenos y comisiones. Excusas presentadas por consejeros interpelados, preguntas que decayeron tras el abandono del hemiciclo por parte de los diputados de la oposición o, como ayer, una insólita petición de aplazamiento, han sido la causa. La proposición no de ley que Cardona iba a defender ayer en la comisión de Política Social no era precisamente un asunto de actualidad, ni motivo de preocupación preferente para los ciudadanos -pedía hacer un estudio histórico, social y legal de la Ley de Peligrosidad Social de 1970- pero la vía que utilizó el PP para evitar que se debatiera tampoco fue la más ortodoxa. El PP pidió primero la "suspensión cautelar" de ese punto. Tras una consulta con los letrados, se decidió votar el aplazamiento de la iniciativa. Los diputados de la oposición no participaron en la votación por considerar irregular que un grupo, por el simple hecho de contar con mayoría, pueda forzar el aplazamiento de una iniciativa ajena que ha pasado todos los trámites necesarios para ser debatida. "Si el PP se sale con la suya, nunca tendremos la seguridad de que un tema incluido en el orden del día sea debatido", dijo Cardona.

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